Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se está trabajando en una reforma sobre las leyes de Discapacidad y de Dependencia. De hecho, dichos trabajos están en su recta final, ya que Pablo Bustinduy, ministro de dicho campo, ha asegurado que esta legislación se aprobará en verano.
Dicha afirmación la ha puesto de manifiesto en el Consejo Nacional de la Discapacidad, el primero de esta legislatura, donde ha señalado que la reforma de la Ley de Discapacidad se aprobará este verano en el Consejo de Ministros a través de un anteproyecto de ley que incluirá también la reforma de la Ley de Dependencia y que pondrá en el centro la autonomía personal de las personas que están bajo el amparo de ambas normativas. En dicho pleno se ha presentado el informe de seguimiento de la Estrategia Española sobre Discapacidad y se han abordado temas como el impacto de la reforma del artículo 49 de la Constitución Española en los diferentes departamentos ministeriales y las medidas previstas para la acomodación de sus políticas al nuevo mandato constitucional.
Cambios en la normativa de discapacidad
Pablo Bustinduy ha señalado, en lo que se refiere a discapacidad, que la nueva reforma legislativa se lleva a cabo para ajustar la ley al mandato constitucional que surgió tras la modificación que se hizo del artículo 49 de la Constitución Española a principios de este año. En este sentido, ha señalado que las personas con discapacidad deben ejercer sus derechos «en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas» y que, para ello, debe regularse por ley la «protección especial» que necesiten.
Por ello, Bustinduy ha informado que están diseñando las nuevas medidas que actualizará la Ley de Discapacidad «desde un enfoque de inclusión, accesibilidad universal y autonomía». De esta manera, ha subrayado que se elevará al «máximo nivel normativo» los mandatos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. En concreto, el titular de Derechos Sociales ha dicho que esta reforma supone eliminar del Estatuto de los Trabajadores el despido automático en determinadas situaciones de discapacidad sobrevenida. «La ley priorizará ahora la adaptación del empleo para la persona que lo necesite o el cambio de sus funciones», ha apuntado.
El ministro Bustinduy ha señalado que se van a desplegar las medidas del Libro Blanco sobre Empleo y Discapacidad con el objetivo, ha expresado el ministro, de que esta sea una legislatura en la que se consiga «más empleo y de más calidad» para las personas con discapacidad.
Una gran inversión en accesibilidad y en discapacidad
También ha informado el ministro que el Gobierno ha aumentado un 468% la financiación de las políticas dirigidas a la discapacidad, que ha dicho que supone un total de 293 millones de euros, destinados a cumplir con los objetivos fijados por la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, y cuyo cumplimiento ya supera el 40%. Además ha señalado que la inversión en accesibilidad de 200 millones de euros que está haciendo el Gobierno a través de los fondos Next Generation, que «han convertido a España en un país pionero en esta materia».
Además, ha indicado que su ministerio ha puesto en marcha un Plan Específico para promover los Derechos de las Mujeres y Niñas con Discapacidad, y que llevará a cabo también una macroencuesta sobre violencias machistas hacia este colectivo. Y es que se ha «consagrado el feminismo y la inclusión al máximo nivel normativo», y ha agregado que ahora se debe honrar este compromiso con políticas públicas «que lo trasladen al día a día de las personas con discapacidad».
El Consejo Nacional de la Discapacidad es un órgano colegiado interministerial y consultivo, que institucionaliza la colaboración del movimiento asociativo de las personas con discapacidad, sus familias y la Administración General del Estado, para la definición y coordinación de una política coherente de atención integral.
