El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha planteado al Gobierno y a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado la necesidad de acometer una reforma legal dirigida a asimilar las situaciones de dependencia oficialmente reconocidas con un grado de discapacidad del 33%.
Según una nota del Cermi, la modificación, redactada en texto articulado y fundamentado remitida a ambas Cámaras y al Ejecutivo, «pretende cambiar el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, para la asimilación legal de la valoración de las situaciones de dependencia con la calificación mínima del grado de discapacidad, que en nuestro ordenamiento jurídico es el 33%».
Con esta iniciativa legislativa, como beneficios sociales concretos, se busca «facilitar la vida y abrir nuevas posibilidades de apoyos y acompañamiento público a las personas reconocidas en situación de dependencia, que tendrían esta pasarela legal para ser consideradas también personas con discapacidad con grado del 33% sin necesidad de valorarse por la vía específica y distinta de la discapacidad«.
De ese modo, a juicio del Cermi, además de reforzar la protección social de las personas en situación de dependencia, se podrían reducir las cargas administrativas, «ya que así no tendrán que acudir al reconocimiento paralelo de discapacidad, que tiene otro procedimiento, quedando asimiladas por ministerio de la Ley al grado de discapacidad».
