El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha tachado de «omisión del deber de socorro» la denegación de atención sanitaria a personas mayores con discapacidad durante la pandemia del Covid-19.
En una entrevista con la publicación ‘Cermi.es semanal’, el presidente de la Comisión de Envejecimiento Activo del CERMI, Álvaro García Bilbao, señala que «denegar la derivación hospitalaria sin ofrecer una alternativa viable adecuada podría incurrir en una omisión del deber de socorro».
Por ello, exige «actuaciones concretas» para que no vuelva a discriminarse a sectores de la ciudadanía como el de las personas mayores con discapacidad si vuelve a vivirse una situación de colapso sanitario por la pandemia de COVID-19.
«La no asunción ni determinación de responsabilidades políticas o judiciales hasta el momento por parte de ningún estamento, hace pensar que situaciones con elevado número de pérdida de vidas por parte de un sector de la población, los mayores, puede salir relativamente barato», denuncia García Bilbao.
Además, critica que las personas mayores, incluidas las que tienen discapacidad, han sufrido «soledad, el abandono, la impotencia, la rotura de sus rutinas y la merma en sus procesos vitales», entre otras circunstancias.
Nuevas medidas para no repetir errores con los mayores con discapacidad
En este sentido, advierte del riesgo de «repetir errores similares a los acaecidos» porque en estos meses de menor intensidad de la pandemia «se ha evitado hacer una reflexión colectiva necesaria y obligada que restaure y fortalezca derechos, conscientemente orillados en aras de discutibles criterios de gasto económico y de supervivencia, no de todos, sino de los más aptos».
A su juicio, algunas de las medidas que deben adoptarse son: habilitar nuevos recursos; favorecer la vida en comunidad y apostar por la figura del asistente personal; impedir que se puedan producir situaciones de discriminación en el acceso a los cuidados intensivos; no olvidar a las personas mayores con discapacidad residentes en el entorno rural; e incluir como colectivo de riesgo a las personas cuidadoras, generalmente mujeres.
