La CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas) vuelve a dar un paso hacia delante en los derechos de las personas sordas. En este sentido, ha logrado que la lengua de signos esté presente en los procesos judiciales.
La CNSE ha mostrado su satisfacción ante la modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. En este se asegura la presencia de intérpretes de lengua de signos y de otros recursos de apoyo a la comunicación que la persona sorda pueda precisar durante un proceso judicial. Además, incorpora la figura de las y los mediadores.
Una demanda histórica del movimiento asociativo de la CNSE que favorece la participación en condiciones de igualdad de las personas sordas. Todo ello al quedar garantizada la comunicación, la comprensión y la interacción con el entorno.
El cambio entrará en vigor el próximo 3 de septiembre
Este cambio legislativo entrará en vigor el próximo 3 de septiembre. En el se contempla el derecho de las personas con discapacidad a entender y ser entendidas en cualquier actuación que deba llevarse a cabo en los juzgados.
Para ello, la norma hace mención expresa a la interpretación en las lenguas de signos reconocidas legalmente (lengua de signos española y lengua de signos catalana).
También a la participación de profesionales mediadores que actúen como facilitadores realizando las tareas de adaptación y ajuste necesarias para tal fin.
Tal es el caso de profesionales sordos mediadores y adecosores (agentes de desarrollo de la comunidad sorda) que han trabajado en este ámbito en repetidas ocasiones durante procesos judiciales en los que han participado ciudadanos y ciudadanas sordas.
“La justicia ha de ser igual para todos y todas», aseguran. Por tanto, «debe garantizar el respeto a nuestros derechos lingüísticos”, ha manifestado la presidenta de la CNSE, Concha Díaz.
“Estas medidas resultan clave para avanzar en la seguridad y en la plena tutela judicial efectiva de las personas sordas”, ha concluido.