El Sistema de Dependencia se está consolidando, pero «un poco más lentamente» de lo deseado

El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) fue «una gran idea que se está consolidando, quizás un poco más lentamente» de lo deseado, pero que «poco a poco va convergiendo a sus objetivos iniciales», es decir, «prestación de servicios a los dependientes a un precio razonable».

Esta es una de las principales conclusiones de la tercera entrega del Observatorio de la Dependencia, elaborado por el profesor Sergi Jiménez y Analia Viola (FEDEA), que analiza las principales variables que componen el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Asimismo, el informe concluye que «persisten amenazas latentes» que los autores de la investigación esperan que se vayan resolviendo con el tiempo: «incertidumbre en la financiación, infrafinanciación y variabilidad entre regiones sin vectores explicativos razonables».

El estudio destaca que en los últimos años se ha producido una caída de la fracción de prestaciones económicas y la «sustancial» mejora del ‘limbo de la dependencia’ (el conjunto de individuos que oficialmente se encuentran reconocidos como sujetos de derechos pero que todavía no han recibido ninguna prestación o subsidio) y «una cierta intención de mejorar sensiblemente la financiación, a través de los presupuestos de 2019 que, desafortunadamente para la atención a la dependencia, no llegaron a materializarse».

En este sentido, los autores del informe apuntan que las prestaciones económicas han caído «sustancialmente y ya solo representan el 42% del total de prestaciones». «Aun así, la variación entre regiones sigue siendo sustancial, con algunas en el límite del 20% y otras por encima del 60%», subrayan.

En relación con el denominado ‘limbo de la dependencia’, la investigación señala que en diciembre de 2015 el número de personas con derecho a prestación pendientes de la misma llegaba a 385.000 (33,5% de las personas con derecho a prestación), mientras que en la actualidad dicho número ha descendido a 250.000, un 19% sobre el total de personas beneficiarias con derecho a prestación.

En materia presupuestaria estatal, los expertos advierten un «estancamiento». «De haberse aprobado, el Proyecto de Ley 2019 de los Presupuestos Generales del Estado hubiera supuesto un gran incremento de la dotación del programa Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, alcanzando la cifra de 2.232 millones de euros, lo que supone un incremento de 831 millones (59,3%) respecto del año anterior.

«Esperemos que el nuevo presupuesto, que será diseñado por prácticamente los mismos agentes, sea capaz de retomar esta senda positiva y, porque no, incluso superarla», señalan en su investigación Sergi Jiménez y Analia Viola.

CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO

En otro punto, ponen de relieve la «consolidación» del nivel del empleo en el sector sociosanitario. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), la participación del número de ocupados en el sector sobre el total de ocupados ronda en 2019 el 3% del total, aumentando ligeramente en relación al 2018.

Por otra parte, según los expertos, los datos de la muestra continua de vidas laborales «siguen mostrando una tendencia decreciente en la fracción de empleo indefinido, la más baja registrada desde 2007; y del empleo a tiempo parcial, que no para de crecer, lo que añade una cierta preocupación sobre la estabilidad del empleo en el sector a medio plazo».

«El SAAD ha mejorado en términos tanto relativos como absolutos su situación respecto a la situación hace ahora dos años. Aún así las principales amenazas siguen latentes ya que el sistema está siendo guiado por criterios arbitrarios (gran discrecionalidad, sin justificación aparente entre comunidades, senda presupuestaria errática, entre otros arbitrariedades)», concluyen.

Finalmente, consideran necesario introducir reglas «más claras y transparentes», promover una financiación y fuentes de financiación «estables y predefinidas, que no dependan de la generosidad relativa del presupuesto de turno». «Sugerimos un sistema de tamaño y estabilidad razonable donde los ciudadanos y profesionales sepan en todo momento a qué atenerse y qué esperar del mismo», aseguran.