Reducción de la exclusión social de las personas con discapacidad, mejora en la gestión de las personas de las empresas y disminución del gasto de las administraciones públicas son algunas de las consecuencias de las políticas de integración laboral que llevan a cabo las empresas.
Así se desprende del estudio de innovación social ‘Impacto de la inserción laboral de personas con discapacidad en el marco del Programa Inserta’ desarrollado por Fundación ONCE y elaborado por PwC con el apoyo del Fondo Social Europeo (FSE).
Según este informe, las administraciones públicas tienen un ahorro de 13.237 euros por cada persona con discapacidad empleada en una empresa ordinaria. Esta cifra es equivalente a 3,8 veces el gasto medio por persona beneficiaria de las ayudas concedidas en España a la integración laboral de personas con discapacidad en 2017.
El estudio ha sido presentado este lunes en un acto que ha contado con la presencia de Patricia Sanz, vicepresidenta tercera del Consejo General de la ONCE; Ángel María García Frontelo, subdirector general de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo del Ministerio de Trabajo; José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE; Loreto Sanmartín, directora de APD Zona Centro; Maria Tussy, jefa de programas Europeos de Fundación ONCE; Jordi Esteve, socio responsable de Economics Strategy&-PwC, y Raquel Antón, senior manager de Strategic&-PwC.
En su intervención, Patricia Sanz recalcó la importancia de este proyecto. “Cuando las cosas se miden pasamos de hablar de inserción laboral de personas con discapacidad a inclusión social de personas con o sin discapacidad”.
Tal y como revela el estudio, contratar a una persona con discapacidad tiene valor en sí mismo para la persona, pero también para las empresas que la contratan, “y esta medición hoy es posible gracias a este proyecto”, se felicitó.
Por su parte, Ángel García Frontelo puso de manifiesto la importancia del Fondo Social Europeo, que, según dijo, hace “una inversión rentable y eficiente” en las personas. Y en la gestión de esa inversión, añadió, “Fundación ONCE es un socio preferente y de mucho valor en la Unión Europea”.
Por último, José Luis Martínez Donoso se refirió al efecto transformador que tiene el empleo para una persona con discapacidad. “Ahora también sabemos el valor monetario y cómo beneficia a las empresas”.
El trabajo realizado por PwC, denominado D_INNOVAR_, se ha basado en las políticas de integración laboral de personas con discapacidad llevadas a cabo por las empresas que componen el Foro Inserta de Fundación ONCE. En concreto, se seleccionaron 20 compañías de las que se ha medido su impacto social empleando la tecnología IS_IMPACT.
IMPACTO PARA LAS PERSONAS
Según el análisis realizado, las personas con discapacidad empleadas por las mencionadas empresas antes de su inserción laboral registraban un nivel de inclusión social de 76,9 puntos en una escala de 100, que representa la plena inclusión. Tras acceder al empleo estas personas han alcanzado un nivel de 90,5 puntos. Esto implica que han reducido en un 59% su nivel de exclusión inicial.
Encontrar un empleo ha impactado positivamente en su calidad de vida, que se muestra en las distintas dimensiones analizadas. Afecta en el bienestar material, mejora el bienestar emocional y contribuye a su desarrollo personal.
IMPACTO PARA LAS EMPRESAS
La totalidad de los responsables de las compañías analizadas consideran que se ha producido un aumento de la diversidad que aporta valor diferencial a la compañía, así como una mejora en la motivación de sus trabajadores y del clima laboral.
Además, aseguran que afecta positivamente a la accesibilidad y al diseño para todos de las instalaciones utilizadas por los clientes e influye positivamente en el desarrollo de nuevos productos y servicios.
