El acceso y uso de los cajeros por parte de las personas con discapacidad debería de ser un derecho. Sin embargo, en España todavía no lo es. Por ello, desde el Congreso de los Diputados han pedido al Gobierno garantizar que «las entidades bancarias cumplen el Real Decreto 1/2013 que establece el texto refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social en lo que se refiere a la accesibilidad de los cajeros automáticos, tanto fuera como dentro de las oficinas».
De esta forma, como han adelantado desde Servimedia, el Congreso quiere implantar las medidas necesarias para asegurar el acceso y el uso de estos dispositivos por parte de dicho colectivo.
El Grupo Socialista ha sido el encargado de presentar la proposición no de ley ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara Baja. Esta ley también recomienda estudiar el diseño de cajeros automáticos. La idea es que los cajeros cumplan con todos los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos.
La iniciativa salió adelante por 25 votos a favor y 9 abstenciones. La ley propone revisar la normativa sobre el uso de tarjetas de crédito y de débito por parte de las personas con discapacidad y mayores. Todo ello a fin de que éstas no tengan que cargar con comisiones derivadas de la falta de accesibilidad de los cajeros.
«Una operación cotidiana se puede convertir en una auténtica odisea»
Yolanda Seva, portavoz del PSOE, ha defendido que «una operación cotidiana como retirar efectivo se puede convertir en una auténtica odisea». Y es que esto es ante lo que se encuentran las personas mayores, con movilidad reducida o en silla de ruedas por la falta de accesibilidad de los cajeros.
A su vez, se lamentaba que «o son demasiado altos o demasiado bajos. A veces están encajados en el hueco de una fachada, y si están dentro, a veces es preciso salvar algún escalón para acceder a ellos».
Ante esto, son muchas las personas mayores o con discapacidad que se ven obligadas a recorrer grandes distancias para dar con el cajero adecuado. A esto hay que sumarle, que en muchos casos, ese cajero que se adapta a su condición, no es de su sucursal, lo que supone un sobrecoste que pueden encarecer cualquier operación. Algo que si extrapolamos al mundo rural, «la discriminación resulta incluso doble».
El único partido que se abstuvo en la votación fue el Partido Popular (PP), Desde este bando señalaban que la propuesta del PSOE es «absurda», ya que pide al Gobierno «hacer cumplir la ley y revisar una normativa». Y eso, según los populares, son tareas de oficio.
