La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha destinado personal de apoyo para el desarrollo de las pruebas selectivas organizadas por el Instituto Andaluz de Administración Pública de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía para personas con discapacidad intelectual que ya se han celebrado en todas las provincias andaluzas.
Así, según un comunicado, el departamento que dirige Rocío Ruiz, a través de la Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión; ha previsto la participación de 28 trabajadores que han colaborado en la organización de las pruebas. Estas personas han servido de apoyo a las personas participantes en la realización de los ejercicios. Estas personas proceden de centros como la propia Dirección General; así como del Centro de Valoración y Orientación en la provincia de Sevilla; y los Centros de Valoración y Orientación de Jaén, Málaga, Granada y Córdoba.
Según ha destacado la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz; «la Orden que regula la adaptación de este tipo de pruebas es una garantía de los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad y compensación de la desventaja que debe primar en los procesos selectivos de empleo público. Además, el desarrollo efectivo de estas pruebas son la muestra del compromiso de la Junta de Andalucía en favor del empleo de las personas con discapacidad intelectual. Desde el Gobierno andaluz, valoramos lo mucho que estas personas tienen que aportar al servicio público y; así, tenemos que dar ejemplo al resto de la sociedad».
Un sistema «totalmente garantista»
En este mismo sentido se ha expresado el director general de Personas con Discapacidad e Inclusión de la Consejería de Igualdad, Marcial Gómez. Este ha visitado el IES El Tablero en Córdoba, donde ha compartido los momentos previos a las pruebas con las personas participantes y sus familiares. «El sistema andaluz de acceso al empleo púbico es totalmente garantista con las personas con discapacidad intelectual». Algo que como el mismo asegura, quedó demostrado. Un claro ejemplo es «la realización de estas pruebas en todas las provincias andaluzas de la comunidad autónoma. La Administración pública tiene que ser reflejo de la sociedad, en la que estas personas tienen que tener garantizada su participación», ha señalado.
La Ley 4/2017 de 25 de septiembre, de Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía garantiza y regula las medidas de acción positiva necesarias en el acceso, la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas andaluzas. Asimismo, regula la exención de algunas pruebas, la aplicación del sistema de concurso a personal laboral y la reserva de plazas de un cupo no inferior al 10% de las vacantes. Y, dentro del mismo, un porcentaje específico del 2% para personas con discapacidad intelectual y un 1% para personas con enfermedad mental.
Por otra parte, la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales deberán adoptar las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes de tiempos, medios y de accesibilidad.
Finalmente, una vez superado dicho proceso, tomarán las medidas para la adaptación en el puesto de trabajo según las necesidades de las personas con discapacidad, con especial incidencia en la accesibilidad cognitiva.
