La Confederación Andaluza de Organizaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual, Plena inclusión Andalucía, ha pedido «tomar medidas urgentes» para evitar contagios en centros residenciales de personas con discapacidad y ha enviado una carta a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y conciliación de la Junta de Andalucía en la que solicita «la realización de los test de detección de infección del SARS-CoV-2 para profesionales que trabajan en atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en recursos residenciales y para los usuarios».
Plena Inclusión Andalucía representa a 3.104 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que son atendidas en residencias y viviendas tuteladas, y que «pueden presentar situaciones propicias al contagio, como la avanzada edad, patologías previas, o personas con grandes necesidades de apoyo que requieren de atención y contacto individual y permanente, según ha precisado la entidad en un comunicado.
Además, ha agregado que esta petición se realiza con el fin de «poder contar con información fiable para la puesta en marcha de los protocolos y estrategias de aislamiento, incrementar la seguridad de los profesionales y los residentes y optimizar los recursos humanos disponibles», en los lamenta que «se van produciendo cada vez más bajas, con el riesgo de que el número de profesionales contagiados o en cuarentena suponga la falta de profesionales para prestar apoyos a las personas en recursos residenciales».
Plena Inclusión recuerda que las residencias reconocidas están «servicios ensenciales»
Además, en la carta se indica que las residencias de personas con discapacidad son reconocidas como servicios esenciales según la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, y que por lo tanto «necesitan que se proporcione con carácter urgente un protocolo claro de aplicación del RD en Andalucía y la llegada de los equipos materiales y humanos que se precisen».
Por otra parte, Plena inclusión Andalucía ha pedido colaboración con las autoridades sanitarias para que, tal y como indica la Convención de los derechos de las personas con discapacidad en su Art. 26, «la discapacidad no sea en ningún caso motivo de discriminación y que se mantenga alerta y vigilante ante posibles situaciones de exclusión que puedan sufrir pacientes ingresados con Covid-19».
