El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 un Documento de Alegaciones al Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, en el que valora la iniciativa como necesaria y positiva, pero lamenta una omisión estructural como es la ausencia de un enfoque social inclusivo que contemple los derechos de las personas con discapacidad como consumidoras.
Desde el CERMI advierten de que el anteproyecto presentado por el Gobierno tiene como objetivo la sostenibilidad ambiental y económica, dejando de lado la dimensión social, sin integrar los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Debemos de recordar que dichos derechos son de obligado cumplimiento para España. El CERMI sostiene que «debe ser socialmente justa» para que se produzca una transformación hacia un consumo responsable sea completa.
4 ejes de las alegaciones del CERMI al Gobierno
En sus alegaciones, el CERMI articula cuatro ejes clave para garantizar un consumo accesible e inclusivo. El primero de ellos es la accesibilidad universal, que debe incorporarse de forma transversal en todo el texto normativo. En este caso, se exige que la información, tanto física como digital, se presente en formatos comprensibles y accesibles para todas las personas, sin ambigüedades como «clara y legible».
Otro eje es la igualdad y no discriminación. En este caso, el CERMI propone que se reconozca como ajuste razonable la obligación de proporcionar bienes de sustitución durante la reparación de productos de apoyo, fundamentales para la vida autónoma de personas con discapacidad o mayores. La negativa a facilitar estos apoyos debería considerarse una práctica comercial desleal.
El tercer eje es destaca importancia del lenguaje inclusivo y la toma de conciencia social. Reclama un uso del lenguaje que refleje la diversidad de los consumidores y promueva una imagen activa y positiva de las personas con discapacidad, garantizando la accesibilidad desde el diseño universal, no como medida excepcional dirigida «principalmente» a colectivos vulnerables.
En el cuarto y último eje el CERMI insiste en la necesidad de asegurar el diálogo civil, estableciendo mecanismos efectivos de participación de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en el desarrollo, seguimiento y evaluación de la ley. Esta participación efectiva es un mandato claro de la Convención.
Finalmente, el CERMI concluye haciendo un llamamiento para que se tomen en consideración las demandas de la sociedad civil de la discapacidad, afirmando que «integrar de forma transversal y explícita el enfoque de derechos de la Convención no solo es una obligación legal, sino una inversión en una sociedad más equitativa». El objetivo final, como destacan desde la organización, es asegurar que la sostenibilidad en España sea sinónimo de inclusión y que los derechos de los consumidores con discapacidad se hagan realidad.
