Poner una vivienda en régimen de alquiler, aparentemente, siempre suena bien porque se liga a la idea de ingresar dinero de una manera rápida y sin demasiadas complicaciones. No obstante, tanto propietarios como inquilinos deben dejar muy claros los términos y condiciones en el contrato de arrendamiento, que se han de respetar exhaustivamente por ambas partes para evitar posibles mal entendidos. Y una de estas cláusulas es la que establece en qué casos puede acceder al casero al inmueble sin permiso de la persona alquilada.
Por ello, España tiene una normativa que regula este tipo de situaciones. De acuerdo con el artículo 18 de la Constitución Española, el domicilio es inviolable, y nadie puede entrar en él sin el consentimiento del titular o sin una orden judicial, excepto en casos de «flagrante delito». Esta tesitura puede generar dudas, porque en un alquiler el inquilino parece no ser el titular; sin embargo, los contratos de alquiler ceden el derecho a la posesión legítima a quien habita la vivienda, por lo que el propietario no tiene permiso para acceder a la vivienda de forma deliberada.
¿En qué caso puede entrar el casero a la vivienda?
Esta normativa se regula de acuerdo con el Código Civil, concretamente en su articulo 433, que especifica que, aunque el propietario sigue siendo el titular de la vivienda, pierde la posesión mientras esté alquilada a cambio de una compensación económica. Esta situación implica que el arrendador no tiene más derecho a acceder a la vivienda que cualquier otra persona ajena, y si lo hace sin autorización, puede enfrentarse a sanciones legales. De hecho, el código penal ampara a persona alquilada en este aspecto y dicta que la entrada sin permiso en una vivienda alquilada puede considerarse allanamiento de morada, un delito que se castiga con penas de prisión de seis meses a dos años.
Por otra parte, sí existe una excepción legal en la que el propietario puede acceder al inmueble sin la autorización del inquilino. El artículo 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), establece que la persona que resida de alquiler debe notificar al propietario cualquier necesidad de reparación urgente en la vivienda que afecte a la habitabilidad o a la integridad del inmueble. Este derecho es especialmente relevante en situaciones donde se requiere un mantenimiento inmediato, como averías graves o daños estructurales que puedan comprometer la seguridad.
En esta línea, la normativa también establece que casero está obligado a realizar las reparaciones que garanticen la habitabilidad del inmueble, mientras que el inquilino deberá asumir los costes de las pequeñas reparaciones derivadas del uso cotidiano. Sin embargo, cualquier reparación importante debe ser informada al propietario de la vivienda, que tiene derecho a comprobar el estado de la vivienda en estos casos específicos.
Enseñar el inmueble a posibles compradores
Si el propietario de una vivienda decide poner el inmueble en alquiler y, una vez que está alquilado, desea mostrarlo a un posible y potencial comprador, deberá acordar esta posibilidad con quien habita la vivienda bajo una serie de pautas en forma de cláusulas y rubricadas bajo firma en el contrato.
De hecho, no es legal imponer visitas sin el consentimiento del inquilino, y es recomendable que ambas partes mantengan una relación cordial que permita una comunicación abierta y respetuosa. Por tanto, si un propietario accede al inmueble sin permiso y sin que se den las circunstancias excepcionales que lo permitan, el inquilino puede denunciar el hecho por allanamiento de morada presentando una denuncia efectiva.
En algunos casos, y si se trata de arriendos de larga duración, se recomienda que el inquilino cambie la cerradura de la vivienda para evitar nuevas entradas no autorizadas, un acto que es completamente legal y no requiere el consentimiento del propietario.
