«Las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y numeroso en la sociedad, teniendo en cuenta el modo en el se conocen habitualmente las condiciones de exclusión», tal y como se refleja en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta realidad ha comportado la restricción de sus derechos básicos y libertades, condicionando su desarrollo personal, «así como el disfrute de los recursos y servicios disponibles para toda la población y la posibilidad de contribuir con sus capacidades al progreso de la sociedad».
Por tanto, estas personas que padecen algún tipo de discapacidad también ven reducidas sus oportunidades laborales, tanto en el sector público como privado, una problemática que debe ser «inexcusablemente abordada por los poderes públicos», como se cita en el BOE. Se ha de trabajar, entonces, en el impulso de medidas que promuevan la igualdad de oportunidades, suprimiendo los inconvenientes que se oponen a la presencia integral de las personas con discapacidad.
Normativa de empleo para personas con discapacidad
Mediante la entrada en vigor de esta nueva normativa, se pretende dar solución a una serie de problemas sociales, dirigidos, principalmente, a las personas que sufren algún tipo de discapacidad y que, en algún momento de sus vidas, han visto vulnerados sus derechos y condiciones de igualdad.
- Ofrecer certidumbre respecto al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad.
- Establecer medidas concretas para derribar las barreras físicas, tecnológicas y procedimentales, asegurando su accesibilidad y adaptación a las necesidades de las personas con discapacidad.
- Actualizar el cupo de reserva de las plazas para las personas con discapacidad.
- Promover ajustes razonables y accesibilidad universal, garantizando que los puestos de trabajo estén adaptados a las necesidades individuales, favoreciendo la compatibilidad entre las funciones asignadas y sus capacidades.
- Fomentar la igualdad de oportunidades en la carrera profesional, incorporando medidas para que las personas con discapacidad puedan acceder a promociones internas en igualdad de condiciones.
- Clarificar conceptos pendientes de concreción en el ámbito del acceso al empleo público, en aras de una mayor seguridad jurídica.
- Consolidar una Administración inclusiva y representativa a través del respeto a la diversidad, la igualdad de oportunidades y el diseño universal, situando a la Administración Pública como un referente de inclusión laboral.
Real Decreto de Empleo Público
El Ministerio de Transformación Digital y la Secretaría de Estado de Función Pública han publicado la Consulta Previa al Proyecto de Real Decreto por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. Esta nueva normativa pretende solucionar una serie de problemas en materia de accesibilidad y adaptación. A través de sus redes sociales, el Real Patronato sobre Discapacidad ha anunciado la entrada en vigor de esta Consulta Previa, con el propósito de que las personas que sufren algún tipo de discapacidad, sin distinción de grado, se encuentren en igualdad de condiciones y amparados por los mismos Derechos Humanos.
Así mismo, según se establece en el documento, la evolución tecnológica y los cambios sociales exigen la implantación de procesos selectivos «más accesibles y adaptados». También hace referencia a la provisión de puestos de trabajo que «consideren las necesidades específicas» de las personas con discapacidad, «promoviendo la igualdad de oportunidades y eliminando barreras«.
Finalmente, la vigencia de esta ley pretende abordar esta serie de desafíos, «actualizando el marco normativo para asegurar una integración plena y efectiva» de las personas con discapacidad en materia de empleo público. Del mismo modo, las instituciones se comprometen a trabajar «en consonancia con los principios de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal«, tal y como se recoge en el Proyecto de este Real Decreto.
