Las residencias de personas con discapacidad intelectual están obligadas a gastar 15 millones de euros al mes más en medidas preventivas para hacer frente a la pandemia. Ante esta tesitura, Plena Inclusión España denuncia las consecuencias no previstas generadas por las medidas recogidas en el “Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19” presentado por el Gobierno a mediados de julio y que tiene una alta incidencia en estas residencias.
Plena Inclusión estima que cumplir todos estos requisitos supone un gasto añadido de más de 15 millones de euros al mes. La organización gestiona 1.016 centros residenciales en los que conviven 17.000 personas con discapacidad intelectual, por lo que primar la seguridad de sus residentes es ahora una pieza más fundamental si cabe de Plena Inclusión.
Las normas, que tienen como fin prevenir cualquier tipo de contagio, han generado un enorme impacto económico y organizativo no previsto en las entidades que gestionan estos centros. Entre las exigencias destacan la puesta a disposición de residentes, trabajadores y visitantes de equipos de protección recomendando que se disponga de un stock de al menos un mes; la realización de PCRs a trabajadores y residentes; sectorización de las instalaciones en unidades de convivencia más reducidas, etc.
“Entendemos que todas estas medidas son urgentes y necesarias y por ello las estamos implementando. Lo que las administraciones públicas no han contemplado es que su aplicación exige de recursos adicionales que las entidades que gestionan las residencias no tienen”, denuncia Santiago López, presidente de Plena inclusión España.
Aumento del 30% del coste por plaza en las residencias
De acuerdo a las estimaciones de Plena inclusión, la aplicación en sus centros y servicios residenciales de medidas de prevención frente al COVID durante el pasado confinamiento han supuesto un aumento del 30% del coste por plaza, sin que las administraciones que han exigido estas medidas hayan financiado su aplicación.
Hay que recordar que las 925 entidades que forman parte de Plena inclusión son organizaciones sin ánimo de lucro y que, por tanto, no obtienen ningún beneficio económico de la atención a las personas a las que presta apoyo.
De hecho, los servicios en muchos casos resultan deficitarios debido a la calidad de la atención que ofrecen y que en la mayoría de los casos no es totalmente cubierta por los conciertos con las Administraciones competentes.
Los datos recabados indican que de media y mensualmente la partida de personal ha crecido en un 56%, los gastos generales (EPIS, test y productos de limpieza) son un 44% más altos, y las inversiones –como acondicionamiento de espacios u ordenadores para teletrabajo–, se han incrementado un 5%.
