La pensión no contributiva, de acuerdo con las instituciones competentes en esta materia, está diseñada para personas que no cumplen los requisitos de cotización mínimos para acceder a una pensión contributiva, pero necesitan apoyo económico. Estas pensiones son financiadas por el Estado y están destinadas a quienes no tienen recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. De hecho, tal y como se aprobó en el Consejo de Ministros extraordinario de pasado mes de diciembre, a partir de este mismo mes de enero, este tipo de prestaciones sufrirán un incremento debido a la revalorización del Índice de Precios de Consumo (IPC) en España.
El Estado, a través de la Seguridad Social, garantiza a las personas comprendidas en su campo de aplicación, por realizar una actividad profesional o por cumplir los requisitos exigidos en la modalidad no contributiva, la protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan en la Ley General de la Seguridad Social. La pensión no contributiva de jubilación asegura a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios. Por su parte, la pensión no contributiva de invalidez asegura a todos los ciudadanos en situación de invalidez y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios.
Requisitos para solicitar una pensión no contributiva
Las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez las abona la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), exceptuando las Comunidades Autónomas de País Vasco, Navarra. Y es que aunque estas prestaciones se pagan con el Presupuesto de gastos y dotaciones del IMSERSO, la gestión de las PNC corresponde de las Comunidades Autónomas. Por ejemplo, en el caso de Andalucía, se gestiona a través de las Delegaciones Territoriales de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Por tanto, estos son los requisitos para solicitarla:
- Tener cumplidos al menos 65 años.
- Residir en España o haberlo hecho durante un período de 10 años, desde que se cumplieron los 16 años y la fecha de devengo de la pensión.
- Justificar tener ingresos inferiores a 7.453,07 euros al año en caso de un solo beneficiario.
Por otra parte, el Gobierno ya ha confirmado la subida de las pensiones un 2,8% para compensar el incremento de la inflación. Sin embargo, se espera que las pensiones mínimas y las no contributivas suban aún más en 2025. Los pensionistas que reciben las pagas más bajas, recibirán previsiblemente un aumento mayor en sus retribuciones. Aunque no se ha confirmado la cifra, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, ha confirmado que la cifra será superior a la inflación media registrada. Todo ello, con el fin de ir alejando a este colectivo de pensionistas del umbral de la pobreza y aumentar su calidad de vida.
Cuantías de la pensión no contributiva en 2025
De cara a el año 2025, el Gobierno ha confirmado una subida de las pensiones contributivas de un 2,8%. Esto va a suponer un incremento de al menos 200 euros anuales de promedio para los jubilados que cobran una PNC, lo cual situaría a al importe en unos 7.450 euros al año a partir del próximo mes de enero, obteniendo una cuantía final sobre los 532 euros al mes para un solo beneficiario. En caso de haber más beneficiarios, los límites de rentas cuantías anuales se incrementan tal y como indica la web del IMSERSO.
Finalmente, este incremento se enmarca dentro de una política de «justicia social», tal y como se defiende desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que manifiestan la importancia de que los pensionistas no vean alterado su poder adquisitivo debido al encarecimiento de los productos de la cesta de la compra. Además, este aumento de las prestaciones del Estado persigue el objetivo de evitar situaciones de vulnerabilidad de determinados colectivos y paliar la asfixia económica a la que están sometidos.
