El Tribunal Constitucional (TC) ha decido anular el impuesto sobre plusvalía de los ayuntamientos. Se trata de una medida que puede afectar de forma considerable al aspecto económico de los ayuntamientos locales en España y que tendrá consecuencias importantes para los ciudadanos.
Concretamente, el TC ha catalogado como inconstitucional el método de cálculo de la base de este impuesto de plusvalía, que realmente supone un aspecto clave para las arcas municipales. Si bien, para los ciudadanos supone un ahorro económico.
El impuesto de plusvalía municipal se encuentra vigente en España desde principios del sigo XXI. Sin embargo, después de casi 20 años de aplicación, el Tribunal Constitucional ha declarado como nula la fórmula utilizada para aplicar la norma.
¿Qué es el impuesto de plusvalía?
Como comentamos anteriormente, se trata de un impuesto que entró en vigor en España a principios de 2020, y que por lo tanto miles de personas han tenido que hacer frente desde su aplicación.
Concretamente, su nombre es de impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), aunque coloquialmente se conoce como impuesto de plusvalía municipal. Se trata de un tributo que aporta más de 2.000 millones de euros a los ayuntamientos.
Así, este impuesto se venía aplicando en el momento en el que se vende un inmueble, además de cuando se produce una donación o se hereda un inmueble. Más concretamente, el tributo grava la revalorización de los terrenos urbanos en los que está construida la vivienda desde su adquisición hasta su venta posterior o traspaso.
¿Es posible reclamar el impuesto de plusvalía pagado?
La decisión del Tribunal Constitucional afectará directamente a las arcas municipales, ya que dejarán de ingresar un montante económico de gran valor. Pero cuidado, porque los ciudadanos también podrían tomar parte en este asunto, y en su caso, de forma ventajosa.
Según la sentencia del alto tribunal, este impuesto no podrá aplicarse más. Al menos hasta que no exista una nueva regulación. Si bien, el secretario del Registro de Economistas Asesores Fiscales, Luis del Amo, explica en ‘Mas de uno‘ en ‘Onda Cero’, que las personas que pagaron dicho impuesto podrían reclamar el reembolso de lo pagado en su momento.
No obstante, hay que tener en cuenta que la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional no afecta a las situaciones firmes. Es decir, pueden darse diferentes situaciones en torno a la reclamación del impuesto de plusvalía. Y es que en determinadas situaciones, este impuesto se liquidaba y en otros se autoliquidaba.
Los contribuyentes no podrán reclamar la devolución del importe pagado por el impuesto de plusvalía si se trata de una situación firme. Por ejemplo, en el caso de que la persona afectada hubiese presentado los documentos correspondientes y la administración enviará una liquidación para que se hiciera efecto. Si el contribuyente no mostró oposición, se trata de una situación firme.
No obstante, podemos encontrar casos en los que si se podría hacer efectiva una reclamación de la devolución del dinero pagado. Esto es si el contribuyente hubiese optado por la autoliquidación del impuesto y desde que finalizara el plazo de presentación voluntario no ha ocurrido nada.
Gran revuelo en los ayuntamientos
Actualmente se desconoce específicamente si las personas que ya han pagado el impuesto de plusvalía podrían reclamar este tributo. En cualquier caso, es necesario tener en cuenta los diferentes casos que pueden darse.
Si la reclamación se hiciese efectiva, el golpe a las arcas municipales sería mucho mayor, ya que no solo dejarían de ingresar una cuantía importante, si no que también sería necesario devolver a cada contribuyente lo que corresponda.
Así, la decisión del Tribunal Constitucional ha causado un gran impacto e indignación entre los altos cargos de ayuntamientos de España. Un caso concreto lo representa el diputado de MÉS per Mallorca, Joan Mas ‘Collet’.
Joan Mas ha solicitado al Gobierno establecer un fondo de compensación que permita a los ayuntamientos hacer frente al «hachazo económico», que supondrá la eliminación del impuesto de plusvalía.
En esta misma línea también se ha manifestado el presidente de la Federación Riojana de Municipios (FRM), Daniel Osés, que ha pedido al Ejecutivo Central «la adopción de medidas compensatorias urgentes y efectivas en favor de los municipios».
