El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado este lunes al Gobierno que recupere la partida de 1.000 millones de euros de gasto social que estaba contemplada en el fondo extraordinario no reembolsable de 16.000 millones para que las comunidades y ciudades autónomas puedan hacer frente a los efectos de la pandemia de Covid-19.
Así lo ha puesto de relieve la plataforma durante una reunión telemática con los CERMIS Autonómicos, en la que se han abordado las principales cuestiones que afectan al sector en el camino hacia la nueva normalidad.
El Ejecutivo anunció a los presidentes autonómicos que el fondo de 1.000 millones para inversión social desaparecía para, junto a otros 1.000 millones del gasto en Sanidad crear una partida de 2.000 millones para la educación.
«Por supuesto que la educación necesita recursos económicos, pero estos no pueden proporcionarse detrayéndolos de lo social que, con la sanidad, ha sido el sector más castigado por la pandemia», ha manifestado el CERMI.
A su juicio, no se pueden olvidar los servicios y apoyos sociales en estos fondos extraordinarios, ya que «no tienen ningún sentido que se pongan en marcha estos 16.000 millones para afrontar los efectos de la pandemia y preparar la recuperación y, en cambio, se olviden los servicios sociales y de acompañamiento a la inclusión, siempre débiles y que han quedado gravemente dañados por la Covid-19».
Mantener la partida
En este sentido, la entidad considera que el Gobierno debe mantener esta partida presupuestaria de 1.000 millones y, para ello, si es preciso, el fondo extraordinario de 16.000 millones debe aumentarse.
«Si lo social no está en el centro, las personas más vulnerables, como es el caso de muchas personas con discapacidad y sus familias, quedarán más expuestas a las graves consecuencias de la pandemia», ha alertado.
En el encuentro, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha alabado la labor de las estructuras territoriales de la discapacidad durante la pandemia y en la fase de desescalada, y ha calificado de «hito social» la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV)