La Fundación CERMI Mujeres ha reclamado al Gobierno y a los legisladores la reforma de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Pretendeque ofrezca una protección real y efectiva a las mujeres con discapacidad.
La Ley cumplió el pasado mes de diciembre 15 años. Desde la Fundación aseguran que la Ley «ha sido una norma legal pionera para afrontar la lacra que supone este tipo de violencia hacia las mujeres»..
Sin embargo, «dado el tiempo transcurrido necesita ser reforzada y ampliada». Todo ello para «que resulte realmente eficaz en el caso de las mujeres y niñas con discapacidad que sufren estos estragos».
Desde el momento de su aprobación, la Ley significó el inicio de una acción legislativa. Además, también fue una política pública específica contra la violencia hacia las mujeres que, incluso y si bien tímidamente, consideró a las mujeres con discapacidad.
La Ley «debe ser reformada»
Sin embargo, como indica la Fundación CERMI Mujeres, “transcurridos 15 años debe ser reformada». Sobre todo «para que el marco normativo conciencie, prevenga y defienda a todas las mujeres y niñas, adecuándolo a su realidad de partida y a sus peculiaridades personales y grupales”.
No en vano, continúa la Fundación, “las mujeres con discapacidad deben ser conceptuadas legalmente como grupo femenino especialmente expuesto a la violencia». Por ello, debe «merecer una protección reforzada, debiendo incorporar la Ley, con vistas a una próxima y urgente reforma, un enfoque interseccional de género y discapacidad”.
Los hijos e hijas, claves
En este contexto, la Fundación propone incluir en su ámbito protector a los hijos e hijas, dado que también son víctimas, más aún si presentan una discapacidad. También quiere garantizar la accesibilidad universal de todos los mecanismos y recursos de atención y apoyo.
Por último, pretende introducir ajustes de procedimiento en los procesos judiciales, administrativos y policiales. Todo para que el acceso a la Justicia y la tutela de los derechos a la integridad y a la indemnidad sean efectivos.