La Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (Aspace) ha advertido de que la crisis del coronavirus ha dejado una factura de más de 9 millones de euros a las asociaciones de parálisis cerebral.
Así se desprende del informe ‘Impacto y sobrecoste económico del COVID-19 en las entidades ASPACE’, que cifra el sobrecoste económico de las 85 entidades del movimiento en 9.331.031,41 euros, con una media de 196.776,84 euros por entidad; 46.433,19 euros en inversiones iniciales de equipamiento y adaptación de servicios y 63.343,65 euros en el mantenimiento posterior.
Solo han recibido un 1,52% del sobrecoste
ASPACE denuncia que «solo» el 1,52% de este sobrecoste ha sido cubierto con financiación pública o privada. En concreto, señala que las entidades han tenido que asumir el coste de los «equipos de protección, refuerzo de personal, bajas y sustituciones, PCRs, desinfección, limpieza y lavandería».
Según precisa, las asociaciones han trabajado durante la pandemia «para no dejar de lado a las personas con parálisis cerebral y sus familias». No obstante, advierten de que «la situación es insostenible».
«El tejido asociativo ha ofrecido una respuesta de urgencia. Ya llevamos un año haciendo grandes esfuerzos y los apoyos que hemos recibido han sido escasos. Esto nos está llevando a una situación límite y no existen alternativas a la atención que prestan nuestras entidades para las familias con grandes necesidades de apoyo», ha explicado la presidenta de Confederación ASPACE, Manuela Muro.
En concreto, el informe señala que el 9,5% de las entidades ha recibido alguna financiación privada, con un importe medio de 10.500 euros; el 33% ha obtenido ayudas públicas por una cuantía media de 10.481,13 euros por entidad; y el 14% de las asociaciones ha accedido a otras ayudas privadas con un importe medio de 14.010,89 euros por entidad.
Líneas de crédito para evitar los cierres
Para evitar su cierre, las asociaciones se plantean abrir líneas de crédito, reducir la atención y realizar ajustes de plantilla. En concreto, el 52,4% de las entidades prevé incrementar su endeudamiento, el 47,6% se verán obligadas a reducir horas de atención y un 28% valora eliminar servicios.
