La Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo ultima un acuerdo para renovar sus recomendaciones sobre el sistema público de pensiones y volverá a reunirse en el Congreso.
Una de las principales reformas del Pacto de Toledo podría llegar para los trabajadores que se acercan al final de su vida profesional. A estos, se les podría dar la posibilidad de calcular el cobro de la jubilación a partir de los 65 años sobre la base de los 25 mejores años de cotización. Esta novedad ya estaba contemplada dentro del paquete de posibles cambios que se mantenían en las negociaciones parlamentarias de hace año y medio.
Diferentes fuentes de la Comisión no han descartado en declaraciones a Europa Press la posibilidad de llegar a un acuerdo esta misma semana que dé carpetazo, a falta del examen en la propia Comisión y en el Pleno de la Cámara, a un trabajo iniciado hace ya cuatro años, dos legislaturas atrás.
Sin embargo, también exponen sus cautelas ante los flecos que faltan por cerrar de las recomendaciones revisadas esta semana, más de la mitad del total y los que puedan encontrar en las pendientes.
Aún quedan flecos por cerrar en el Pacto de Toledo
La pasada semana los grupos llevaron a la Comisión que preside la exministra socialista Magdalena Valerio sus propuestas con modificaciones concretas al borrador de recomendaciones en el que trabaja la Comisión.
Durante estas reuniones, que algunos diputados han seguido telemáticamente, los grupos repasaron más de la mitad de las recomendaciones, dejando eso sí flecos por cerrar en algunas de ellas, como en contributividad, suficiencia, migración o de igualdad.
No así en materia de revalorización, donde el consenso para mantener año a año el poder adquisitivo de las pensiones conforme al IPC real es claro. En materia de carrera de cotización, los grupos comparten la posibilidad de elegir los mejores años, para tapar posibles lagunas.
No se recomienda ampliar los años, más allá de los 25 que marca las últimas reformas para 2022, si bien se llama a estudiar los efectos y las implicaciones de una nueva ampliación de este período de cálculo.
Durante estas semanas, los grupos han tratado de ‘aligerar’ las recomendaciones, en función del resumen ejecutivo de las recomendaciones trabajado desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con el fin de clarificar al máximo el contenido de los textos y los mandatos parlamentarios.
Reunión con sindicatos y patronal
El propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, tiene programada este martes una reunión con sindicatos y patronal con la reforma de las pensiones en el punto de mira y ya ha dado por sentado que espera acometer sus primeras medidas en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Tal y como expuso esta semana el propio ministro ante la Comisión de Trabajo del Congreso, el principal objetivo es abordar el sistema de revalorización y, sobre todo, el desfase de las cuentas, para el cual la principal medida será un reordenamiento de los gastos que debe costear la Seguridad Social.
Escrivá ya señaló que, a la espera de tener el visto bueno de unas nuevas recomendaciones, el Gobierno ya ha dejado margen en su nuevo techo de gasto –un 54% más para los nuevos Presupuestos– para empezar el trasvase de gastos impropios, dejando caer que este año sería aún superior al previsto inicialmente.
