El Comité de Bioética de España, órgano consultivo adscrito al Ministerio de Sanidad, sostiene que la discapacidad de la persona enferma «no puede ser nunca por sí misma» un motivo que priorice la atención sanitaria de las personas que carecen de discapacidad.
Así lo pone de relieve el Comité en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, sobre los aspectos bioéticos de la priorización de recursos sanitarios en el contexto de la crisis del coronavirus.
El órgano consultivo ha elaborado este informe tras recibir una petición de informe de la Dirección General de Políticas de Discapacidad, relativo a las implicaciones éticas que para las personas con discapacidad pueden tener las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC).
«Supervivencia libre de discapacidad»
En concreto, el Comité considera que algunos de los conceptos que se emplean en las recomendaciones, sobre todo, las que hacen referencia a «supervivencia libre de discapacidad por encima de la supervivencia aislada» o la que aconseja que «cualquier paciente con deterioro cognitivo, por demencia u otras enfermedades degenerativas, no serían subsidiarios de ventilación mecánica invasiva», no son compatibles con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
«Vulneraría nuestro ordenamiento jurídico, concretamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que exige garantizar el derecho a la vida y la atención sanitaria a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con todas las demás», argumenta.
A juicio Comité de Bioética de España, «lesionaría de forma más flagrante principios éticos elementales», pues supondría entender que la vida de las personas con discapacidad «tiene menos calidad y por tanto merece menos la pena atenderla».
Una división injusta
En este sentido, opina que esto resultaría «no solo absolutamente incoherente» con la visión de la discapacidad que en la actualidad tiene la sociedad española, sino que supondría «establecer una división entre vidas humanas en función de un supuesto valor de esas vidas arbitrariamente asignado o en función de su utilidad social».
«En una sociedad democrática, la titularidad de derechos no puede estar ligada a la posesión o no de un determinado nivel de conocimientos, habilidades o competencias (es decir, a una presunta «utilidad social» en los términos del debate que ahora nos ocupa) sino a la condición de persona, pues todas las personas tienen idéntico título para el reconocimiento y disfrute de sus derechos por el mero hecho de serlo», subraya.
Asimismo, asegura que, en algunas ocasiones, ciertas personas con discapacidad, por la discapacidad concreta que presentan o las patologías asociadas a la misma, serán «especialmente vulnerables» frente al coronavirus.
Discriminación positiva
«Este hecho, además de la evidencia de que todas las personas con discapacidad constituyen todavía en nuestro país un grupo social sujeto a una discriminación estructural y sistemática, permite considerar que uno de los criterios señalados por el art. 20.2 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, concretamente el cuidado de los grupos menos protegidos o de riesgo, podría justificar la discriminación positiva en favor de las personas con discapacidad en las decisiones asistenciales, aplicando este criterio conjuntamente con los demás relacionados en el citado precepto», recalca el órgano consultivo.
Por otra parte, llama la atención sobre el impacto «enormemente negativo» que está teniendo en estos momentos sobre algunas personas con discapacidad la suspensión de determinadas terapias que estas «necesitan para avanzar en su calidad de vida y desarrollo personal, y cuya interrupción durante un período más o menos largo puede significar para ellas un retroceso grave».
«La prioridad en la atención del coronavirus no puede ser un motivo por sí solo para que deje de prestarse a las personas con discapacidad la atención terapéutica que precisan», concluye.
En el documento, el órgano explica que tras la celebración el pasado 4 de marzo de una reunión plenaria del Comité con la asistencia de la mayoría de sus miembros, «la práctica totalidad» desarrolló un cuadro clínico compatible con el coronavirus, cuadro que se confirmó en la mayoría de los casos con el resultado positivo de las correspondientes pruebas diagnósticas.
«Actualmente, la mayoría de los miembros del Comité ha superado favorablemente la enfermedad, lo que creemos que es un mensaje positivo no solo para nuestras familias sino para la propia sociedad, aunque, por desgracia, algunos compañeros siguen ingresados y en su situación actual no han podido participar en la elaboración de este informe», concluye.
Algunos documentos con «elementos discriminatorios»
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha señalado a Europa Press que pidieron al Comité de Bioética que dictara «normas vinculantes» sobre cómo debe comportarse el personal sanitario a la hora de atender a las personas con discapacidad intelectual.
En este sentido, Pérez Bueno ha criticado que hay algunos documentos de sociedades científicas, «sin ningún valor legal», que «tienen elementos discriminatorios», por lo que ha solicitado que «no se apliquen».
«A veces, aplicando protocolos que no tienen ningún valor legal, se prioriza y se considera que la vida de alguien con estas discapacidades vale menos, que van a tener menos esperanza de vida que otros», ha lamentado el presidente del CERMI.
En concreto, ha hecho referencia a un caso en la Comunidad de Madrid de una persona de unos 40 años con síndrome de down, al que «le negaban la UCI» porque «la esperanza de vida en las personas con síndrome de down es más limitada». «No se le daba el servicio, pero tras varias protestas sí se le ha dado», ha precisado.
«Valorar a quien tienen que atender o no atender»
Por su parte, el gerente de Down España, Agustín Macia, ha afirmado que lo que está sucediendo «desde hace una semana» en la Comunidad de Madrid» es que «se está valorando la esperanza de vida cuando los recursos son muy limitados», pero ha matizado que «no se ha confirmado» que haya algún caso de discriminación a personas con discapacidad intelectual.
En este punto, ha destacado que, en situación de emergencia, los médicos «tiene que valorar a quien tienen que atender o no atender», algo que «es durísimo». «Esto está afectando a personas con discapacidad, pero abiertamente no es una discriminación. Son valoraciones duras pero objetivas que están haciendo los profesionales», ha precisado.
Por último, Macia ha subrayado a Europa Press que la intubación en personas con discapacidad intelectual «es muy complicada» porque es un entorno «hostil» y «les cuesta entender todo lo que hay alrededor». Por ello, ha pedido al personal sanitario que «intente hacer todo lo posible para que haya un acompañamiento de familiares» en estas situaciones.
