La entidad que representa a personas con discapacidad intelectual (Dincat) ha advertido de que las listas de espera para que miembros de esa comunidad accedan a una vivienda se alargan hasta los diez años.
En un comunicado este martes, Dincat reclama a la administración pública una respuesta urgente a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual, que pase por una modificación de la normativa y de los criterios de acceso a la vivienda.
La entidad asegura que el sistema de asignación de plazas y la falta de información sobre los baremos que se usan provocan una «gran incertidumbre» a las familias del colectivo. Dincat cita datos de la Generalitat según los cuales habría 3.250 personas esperando una plaza residencial, algunas de las ellas llevan hasta diez años en esa situación.
La entidad exige al Govern una mesa de trabajo con la participación de entidades y familias del sector, y que se contemple un porcentaje destinado a las personas con discapacidad intelectual en las promociones de vivienda de protección oficial.
Asimismo, denuncian poca claridad en los protocolos para obtener ayudas públicas en caso de que alguna entidad o grupo de familias quiera crear nuevas plazas residenciales.
Por todo lo anterior, Dincat asegura que el sistema actual vulnera los derechos de las personas con discapacidad intelectual, al no garantizarles plenamente que puedan escoger dónde, cómo y con quién vivir.
El CERMI pide que las viviendas sean accesibles
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido que la futura Ley del Derecho a la Vivienda garantice que «la accesibilidad universal sea la norma y no la excepción» para no discriminar y excluir a las personas con discapacidad.
Así lo ha planteado la plataforma en un documento de propuestas con motivo de la fase de consulta pública de este anteproyecto de ley que, a su juicio, debe ser «un motor normativo para promover la transformación de los entornos urbanos por medio de la ordenación, actuación e intervención en el bien básico de la vivienda, en espacios inclusivos, accesibles, confortables, seguros y participativos para las personas con discapacidad y sus familias».
Además, ha reclamado que sea «coherente» con los mandatos de derechos humanos recogidos en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Para garantizar la accesibilidad universal de los edificios de vivienda, el CERMI plantea que la futura legislación incorpore la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para que las obras y actuaciones de accesibilidad sean obligatorias para la comunidad de propietarios cuando vengan solicitadas por vecinos con discapacidad o mayores de 70 años, con independencia de su coste.
La accesibilidad universal es una «obligación»
«La accesibilidad universal es una obligación de la comunidad, y así debe plasmarse en el texto, y no debe conocer ninguna excepción, reducción o rebaja, en atención a la cuantía de la actuación», ha añadido la organización.
Asimismo, ha solicitado que el Registro de la Propiedad recoja datos sobre las condiciones de accesibilidad de los inmuebles, edificios y viviendas, para que los potenciales adquirentes y usuarios con discapacidad puedan conocer de antemano esta información y facilitar su decisión de compra o arrendamiento.
En su opinión, esta medida contribuiría a «incrementar el valor añadido de los inmuebles y la conciencia de los propietarios de favorecer la accesibilidad de sus viviendas».
Otra de las medidas propuestas por el CERMI es la creación de un fondo estatal de promoción de accesibilidad Universal, adscrito y dependiente de la Administración General del Estado, nutrido con el 1,5 por ciento de los presupuestos que el Estado dedica a transportes, movilidad, infraestructuras y agenda urbana, así como transformación digital y telecomunicaciones, a financiar iniciativas de accesibilidad universal, de modo similar al 1,5 por ciento cultural (ya regulado), destinado a la protección y valorización del patrimonio artístico y cultural español.
