El Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW por sus siglas en inglés) ha requerido información a España acerca de las medidas tomadas para revocar el artículo 156 del Código Penal y así eliminar la esterilización en todas las mujeres con discapacidad sin que hayan prestado el consentimiento informado correspondiente.
Así se ha conocido tras la publicación de la lista de cuestiones previas a la presentación del noveno informe periódico de España y que deberá responder como Estado parte. Para ello, el Comité de la CEDAW ha solicitado datos sobre la violencia contra las mujeres, la igualdad salarial o los derechos de las mujeres en el sector sanitario, haciendo hincapié en que la información y estadísticas que España provea estén desagregados por sexo, edad, discapacidad, etnicidad y religión.
Para profundizar en los casos de violencia contra las mujeres, el Comité ha pedido a España que indique si está proporcionando capacitación obligatoria a jueces, fiscales, agentes de policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la CEDAW y su Protocolo Facultativo. Asimismo, si se están aplicando las disposiciones del derecho penal sobre la violencia contra la mujer y los procedimientos sensibles al género.
En este sentido, se deben concretar las medidas adoptadas para alentar a las mujeres a denunciar, además de si los recursos humanos, técnicos y financieros asignados a los servicios de atención integral para las mujeres que son víctimas de violencia de género son suficientes, accesibles e inclusivos para garantizar la eficiencia de los mismos.
Por otro lado, las medidas adoptadas para garantizar la aplicación efectiva del principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, incluidas a las trabajadoras con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, también serán analizadas por la CEDAW. Así, se pondrá especial atención a la promoción del empleo entre las mujeres con discapacidad en el mercado laboral y en las empresas del sector de producción.
Por último, España deberá responder sobre las iniciativas que se han tomado para capacitar al personal sanitario, incluido al personal que trabaja en la salud sexual y reproductiva, sobre los derechos de las mujeres con discapacidad para tener acceso a la misma.
