El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al Ministerio de Sanidad la necesidad de actualizar la Ley reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Dicha ley data del año 2022. El objetivo es adecuarla a la nueva normativa sobre igual capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Y esa es la petición del CERMI.
Con la entrada en vigor, hace ahora casi un año, de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, todas las personas, también en su condición de pacientes, han de ser apoyadas en la toma de decisiones que les afecten. Asimismo, no deben ser sustituidas por mecanismos de representación.
La normativa sobre autonomía del paciente está anclada en un enfoque superado, de sustitución en las decisiones y no de apoyo. Por todo ello, deber ser revisada a la luz de la nueva legislación sobre capacidad jurídica. Esta se recoge en el Código Civil, que irradia al resto de sectores del ordenamiento jurídico, también al sanitario.
El ámbito de la atención a la salud tiene sus peculiaridades, que habrán de precisarse. Sin embargo, añade que no puede estar en contradicción o ignorar, como sucede ahora, el nuevo paradigma de los apoyos a la capacidad jurídica de todas las personas, también pacientes. Esto ha quedado regulado en la profunda reforma civil llevada a cabo con la Ley 8/2021.
