La plataforma ‘Inclusiva Sí, Especial También’, formada por personas con discapacidad intelectual, familias y docentes, denuncia que el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), también conocida ‘Ley Celaá’, no contempla en su memoria económica aumentar la financiación de los centros de educación especial a pesar de convertirlos en centros de referencia y apoyo para promover la inclusión de su alumnado en centros educativos ordinarios.
En un comunicado, la plataforma asegura que «no se prevé incremento de gasto» en la memoria económica de este proyecto de reforma educativa, que se encuentra ya en el Congreso. Algo que califica como una «trampa» que demuestra «cuál es el plan del Gobierno para los alumnos con necesidades educativas especiales».
La plataforma ‘Inclusiva Sí, Especial También’, crítica con la ‘Ley Celaá’ porque considera que «va contra los colegios de educación especial», alude de nuevo a la disposición adicional cuarta del proyecto de ley, que establece que los centros de educación especial realizarán «la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios» para favorecer la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales, pero sin un aumento presupuestario ni a nivel nacional ni autonómico.
«Esto supone que, además de su trabajo habitual, cada colegio de Educación Especial, también deberá dar atención a aproximadamente ¡60 colegios ordinarios!», enfatiza la plataforma en un comunicado, recordando que en España hay 476 centros de educación especial frente a los 28.816 centros educativos de régimen general no universitarios.
Un programa que «muestra debilidades» en Portugal
«Cuando esto se lleve a cabo, resulta evidente que los centros ordinarios seguirán teniendo las mismas dificultades para atender al alumnado con necesidades educativas especiales, o incluso más, debido al progresivo trasvase de alumnos de educación especial a ordinaria», expone la plataforma, que cuestiona el modelo portugués que, asegura, inspira la reforma de Isabel Celaá.
Según la plataforma, la experiencia de Portugal para fomentar la inclusión en las aulas «muestra debilidades notables» y «en la práctica se convierte en muchas ocasiones en espacios segregados» donde «familias y docentes denuncian continuamente la falta de formación y de medios para implementar las nuevas medidas de atención a la diversidad».
El comunicado de la plataforma concluye con un llamamiento a «todos los partidos» para que acuerden la supresión de la disposición adicional cuarta de la LOMLOE y emprendan «un estudio serio y profundo sobre cuáles han de ser las medidas necesarias para garantizar que el alumnado con necesidades educativas especiales sea atendido en las mejores condiciones».
«Debería incluir un análisis pormenorizado sobre el impacto y viabilidad económica de tales medidas así como sobre el impacto en el bienestar emocional y salud mental de los menores. A partir de las conclusiones que se obtengan, se adopten las medidas que procedan, asegurándose en todo caso la dotación de medios económicos, a centros ordinarios y centros de educación especial, para su efectiva implementación», reclama la plataforma.
