Casi la mitad de las 51 mujeres que han sido asesinadas por su parejas o exparejas en lo que va de 2019 tenía algún hijo o hija menores de edad, según los datos recopilados por Europa Press. «La maternidad es una circunstancia que hace más vulnerable a la víctima del maltrato», ha señalado la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona.
Tal y como ha expuesto Carmona, el número de madres entre las víctimas mortales por este tipo de violencia guarda relación con el elevado porcentaje de casos sin denuncia previa. «La explicación es tan terrible como sencilla de entender: el miedo. Las víctimas no sólo temen por sí mismas, temen por sus hijos, temen que el agresor utilice a los niños para hacerles daño a ellas», ha señalado en declaraciones a Europa Press, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra este 25 de noviembre.
De las 51 mujeres asesinadas que constan en la estadística oficial, al menos 24 tenían hijos menores de 18 años, es decir, el 47%. En lo que va de año, ya son 43 los niños y niñas que se han quedado huérfanos de madre por este tipo de violencia, de acuerdo al registro que elabora la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
Forman parte de este recuento los dos hijos de Sandra Boquete, la mujer de 39 años que el pasado mes de septiembre fue presuntamente asesinada en Valga (Pontevedra) por su expareja. Los menores, de 4 y 8 años, fueron testigos del crimen, en el que el presunto agresor también acabó con la vida de la hermana y la madre de su exmujer. También se incluye en él al hijo de Leonor Muñoz, un adolescente de 16 años que fue herido durante el crimen al intentar defender a su madre, recientemente separada.
SOLO EL 22% HABÍA DENUNCIADO A SU AGRESOR
A estas cifras, se añade el escaso número de casos en los que la víctima había denunciado su situación de maltrato: sólo 11 de las 51 asesinadas (el 21,6%) acudió a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para denunciar a su agresor. Ni Sandra ni Leonor (ni otras 38 asesinadas) lo habían hecho.
