Las mujeres y hombres jóvenes con discapacidad, casi 175.000 personas en España, de entre 15 y 30 años, han reclamado entornos libres de barreras y apoyos libremente elegidos para poder ser, una vez empoderados, agentes de su propio proceso de inclusión social y participación comunitaria.
Así lo ha manifestado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Todo ello con motivo del Día Internacional de la Juventud, que se celebra este jueves 12 de agosto.
En este sentido, los jóvenes con discapacidad han asegurado que son parte inherente e inseparable de toda juventud. Eso sí, con “particularidades que los hacen estar más expuestos a la exclusión y la discriminación”.
En la agenda política de asuntos prioritarios, los jóvenes con discapacidad han resaltado la educación inclusiva, terminando con cualquier forma de segregación escolar; la prevención de la institucionalización, propiciando la vivienda en comunidad; la vida independiente a través de la extensión de la figura de la asistencia personal; y la inclusión laboral a través de empleos dignos, estables y decentes.
Otra de las cuestiones que destacan es la necesidad de actuar contra la violencia y los abusos hacia las mujeres jóvenes y niñas con discapacidad.
«La juventud con discapacidad precisa políticas públicas vigorosas e intensas»
Asimismo, la juventud con discapacidad ha asegurado que espera del movimiento global de la discapacidad sea “una acción enérgica de incidencia y presión ante los poderes públicos».
Todo ello «para que estos promuevan los derechos y la inclusión social de todos los jóvenes». Y cuando se habla de todos, incluye una «mirada transversal e inclusiva hacia los que presentan una discapacidad”.
De esta manera desde CERMI aseguran que, al tratarse de un grupo singularizado con características propias, “la juventud con discapacidad precisa políticas públicas vigorosas e intensas –tanto juveniles como de la discapacidad– para garantizar su igualdad de oportunidades y eliminar o atenuar las desventajas objetivas que puedan impedir o dificultar su plena participación comunitaria”.