En una entrevista concedida a Servimedia por el 40 aniversario de la entidad, Queiruga expresó su confianza en tener «una legislatura de cuatro años, que nos dé estabilidad y permita sacar proyectos adelante». «Ojalá que al final de estos cuatro años, podamos decir que hemos hecho cosas para mejorar la vida de las personas con discapacidad», dijo.
De hecho, el grupo de trabajo coordinado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) dentro del Imserso tiene ya una regulación de la figura del asistente personal muy desarrollada. Esta se refiere a las condiciones laborales, los requisitos formativos, las funciones, los beneficiarios… y debería servir como base para una norma estatal.
«No es de recibo que 13 años después de la aprobación de la ley para la Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, la gran mayoría de las Comunidades Autónomas no hayann hecho nada en este sentido», declaró Queiruga.
Sólo tres autonomías han desarrollado normativa al respecto, pero en la inmensa mayoría del país «sigue en pañales», lamentó.
A su juicio, la asistencia personal es decisiva para que las personas con grandes discapacidades y mucha dependencia puedan gestionar su vida de forma autónoma, sin depender de sus familias para todo.
Explicó que el principal obstáculo se refiere a «la regulación laboral» y criticó que «actualmente existe un limbo jurídico» sobre la contratación de estos trabajadores.
MÁS RETRASOS
Otros ejemplos de normativa «muy avanzada que inexplicablemente sigue atascada» son, según Queiruga, la actualización del baremo de la discapacidad y del catálogo ortoprotésico.
En su opinión, el baremo actual «discrimina muchas discapacidades», entre ellas las orgánicas, y no considera la realidad de algunas enfermedades degenerativas. Además, hay que tener en cuenta que el sector pide la actualización de dichos criterios desde 1999.
Lo mismo sucede con el catálogo ortoprotésico, un tema en el que defendió el acceso a las ayudas técnicas que «facilitan la vida de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, sin diferencias por motivos de renta o del lugar de residencia». «Son determinantes para que llevemos una vida más digna; no son un capricho ni pueden convertirse en un lujo», sentenció. En ambos casos «existe consenso en el sector y también a nivel político», declaró, por lo que «si hay voluntad, deberían estar listos incluso este año».
RENTA MÍNIMA
Asimismo, Queiruga defendió una renta mínima que asegure un nivel de ingresos aceptable para las personas con discapacidad y sus familias.
El relator de la ONU para la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos, Philip Alston, ya señaló al colectivo de las personas con discapacidad como uno de los más vulnerables a la pobreza durante la visita que realizó a España.
Muchas ayudas técnicas, medicamentos y acceso a centros y servicios están sujetos a copago. Eso supone que las familias deben asumir una parte de su importe y, en tiempos de crisis como los que se acaban de superar, «muchas no tienen más remedio que prescindir de ellos».
«Todos estos recortes influyen directamente en la autonomía y el bienestar de las personas con discapacidad», concluyó.
