Los primeros beneficios del ingreso mínimo vital empezarán a cobrar la prestación a finales de junio, según ha avanzado desde el Gobierno. La prestación, que se aprobará este viernes el Consejo de Ministro, será reconocida de oficio inicialmente a unos 100.000 hogares.
El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegura que «estamos trabajando intentando definir bien los hogares que son beneficiarios». Todo ello «para que, desde los primeros días de junio, haya un porcentaje significativo que pueda recibir la prestación sin tener que pedirla».
Así, «después hacer una declaración responsable y contrastar la información», ha explicado Escrivá en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.
El ministro ha explicado que el decreto recogerá una tipología de 12 hogares y se pondrá el foco en particular en los hogares monoparentales por su especial vulnerabilidad y que ha cifrado en unos 100.000.
El titular de Inclusión ha hecho hincapié en otro de los objetivos del ingreso mínimo vital que es que sea una prestación dinámica. Para ello que se han diseñado instrumentos como «itinerarios de inclusión, incentivos para ampliar el número de horas de trabajo o alcanzar un trabajo». Todo ello con el fin de que la renta no sea disuasoria de continuar buscando un empleo.
Un coste de 3.000 millones de euro al año
«Hemos hablado con empresarios y tercer sector porque este es un elemento que había que diseñar muy bien». La idea, como refleja Escrivá, es parecer al diseño de los países nórdicos, «donde tienen prestaciones más generosas y no se desincentiva la búsqueda de trabajo».
Según el ministro, el Gobierno ha estimado que el coste de la renta mínima se elevará a unos 3.000 millones de euros al año. Dicha cifra será financiada con cargo a los presupuestos generales del Estado y podría beneficiar a unos 850.000 hogares.
El ingreso mínimo vital podrían complementarse, además, con otras rentas salariales, así como con otras prestaciones de las comunidades autónomas. «Hemos llegado a acuerdos con los gobierno autonómicos para que el ingreso mínimo engarce con sus programas y el suyo sea el último nivel de protección. El nuestro será el mínimo y luego estará el de ellos en caso de que piensen que hay que complementar algo», ha añadido.
Acuerdo con País Vasco y Navarra
Escrivá se ha referido, asimismo, al acuerdo alcanzado con el PNV para la gestión del ingreso mínimo vital en el País Vasco y Navarra y que según el ministro estaba previsto desde el principio.
«Hay que entender que estamos en periodo preelectoral y todo el mundo intenta vender cualquier cosa, pero desde el principio lo teníamos así definido», ha indicado Escrivá.
Según las explicaciones del titular de Inclusión, este acuerdo hay que enmarcarlo en la «singularidad foral que hace que tengan un tratamiento distinto en la gestión». Además, ha recordado que los territorios forales gestionan ya algunas prestaciones de la Seguridad Social como las pensiones no contributivas.
«Desde el principio nos dimos cuenta que en el País Vasco y Navarra requerían un tratamiento diferenciado sin necesidad de que lo pidieran», ha comentado.
Para el titular de Seguridad Social, lo importante es que el ingreso mínimo vital «tendrá una condiciones absolutamente comunes» para todos las comunidades autónomas. «Es un mínimo, con una definición de rentas, no hay discriminación», ha añadido.
La única diferencia, según ha explicado, es que «el País Vasco y Navarra tienen sus propios impuestos, los test los tienen que hacer ellos. Hay que hacer una definición específica y se está trabajando con ellos».
