El Consejos de Ministros ha dado luz verde en la segunda vuelta al anteproyecto de la Ley de la Función de la Administración del Estado que, entre otras cosas, incrementará del 7% actual hasta el 10% el número de plazas reservadas para personas con discapacidad en las futuras ofertas de empleo público.
Una medida que favorece al colectivo de las personas con discapacidad. Eso si, para que sea efectiva, habrá que esperar a que entre en vigor una vez el texto supere todo el trámite parlamentario. Y es que ahora se inicia en el Congreso de los Diputados. También se debe de tener en cuenta que la ley no se vea modificada en los aspectos que se refieren a las personas con discapacidad. Para eso habrá que esperar.
Un 2% de las plazas para personas con discapacidad intelectual
La nueva ley establece que «al menos» el 2% de las plazas ofertadas serán cubiertas por personas que acrediten tener discapacidad intelectual. El 8% restante será destinada para esas personas que acrediten “cualquier otro tipo de discapacidad”.
La reserva se hará sobre el número total de las plazas incluidas en la respectiva oferta de empleo público. De esta manera, se podrá concentrar «las plazas reservadas para personas con discapacidad en aquellas convocatorias que se refieran a cuerpos, escalas o categorías que se adapten mejor a sus capacidades y competencias»
Además, la propia norma recoge la creación de unas unidades de inclusión. A estas les corresponderá prestar al órgano directivo del que dependan el «apoyo administrativo especializado que precise en materia de inclusión del personal con discapacidad». También se deberá asegurar las «medidas de adaptación de puesto de trabajo».
Por otro lado, la ley deberá velar por la «plena incorporación y desarrollo profesional de dicho personal en su ámbito laboral, el seguimiento y evaluación de las medidas en favor de las personas con discapacidad en las ofertas de empleo público». A esto hay que sumarle «la elaboración de estadísticas relativas a la efectiva ocupación de plazas en su correspondiente ámbito».
Estas unidades se integrarán «en la estructura orgánica de cada departamento ministerial». De esta manera, quedarán adscritas a la Subsecretaría a través de alguno de sus órganos directivos dependientes. Todo ello de acuerdo con «lo que disponga el real decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del departamento ministerial».
El nuevo proyecto de Ley de Empleo y la discapacidad
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha recogido la modificación de los artículos del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Dicho artículo fue aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. Dicho escrito recoge la equiparación a efectos laborales entre las situaciones de incapacidad permanente de Seguridad Social y el grado mínimo de discapacidad del 33%.
Esa es la principal novedad que recoge esta nueva Ley General, que también lleva consigo aspectos beneficiosos para las personas con discapacidad en su acceso y progreso en el mercado de trabajo, tales como:
- Restauración de dicha equivalencia
- Inclusión de las personas con autismo como colectivo de especial vulnerabilidad
La modificación de los artículos del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social permite recuperar una asimilación legal aprobada en el año 2003 pero que por una serie de sentencias del Tribunal Supremo de 2018, por motivos técnicos, desapareció del ordenamiento jurídico en ese año.
