El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha aprobado este martes 22 de febrero el proyecto de ley que regula el impulso para los Planes de Pensiones de Empleo. El objetivo de este proyecto es facilitar el acceso a esta alternativa de ahorro para los trabajadores.
En concreto, el proyecto de Ley que regula los planes de pensiones de empleo tiene como finalidad facilitar el acceso a estos mecanismos de ahorro para los trabajadores de rentas medias y bajas; así como a los autónomos, pequeñas y medianas empresas (pymes).
Una vez aprobado esta medida por el Consejo de Ministros, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha atendido a la prensa, destacando que este proyecto «tiene como objetivo fundamental que se aumenta la población con acceso a estos instrumentos de ahorro a largo plazo, con condiciones de certidumbre y a coste reducido desde el punto de vista de las comisiones, pensado para rentas bajas y medias».
Uno de los principales motivos del Gobierno de España para impulsar los planes de pensiones de empleo se sustenta en el informe realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de 2020, que reflejó el carácter regresivo de los actuales planes individuales; los cuales solo ofrecían beneficios para las rentas más altas.
Planes de pensiones de empelo con incentivos
Según establece el proyecto que regula los planes de pensiones de empleo, el trabajador tendrá la posibilidad de aportar de forma voluntaria cuotas superiores a las que imponga su empresa. Sin embargo, existirá una aportación máxima que se definirá por tramos.
Otro aspecto beneficioso de estos planes de pensiones es que el trabajador podrá bajar su base imponible a tipo marginal del IRPF, constituyendo un 30% para el empleado medio. En el caso de los trabajadores autónomos, el Gobierno estima una deducción aproximada de hasta 5.750 euros al año.
Tramos de contribución empresarial
Además, el proyecto de los planes de pensiones de empleo comprende que si la contribución de la empresa es entre 501 y 1000 euros, con un coeficiente del 2%; el trabajador podrá tener una aportación de hasta 2.000 euros y de 4.500 euros como aportación máxima.
En el caso de una contribución empresarial entre 1.001 euros y 1.500 euros, con coeficientes del 1,5%, la aportación del trabajador será de hasta 2.250 euros; con una aportación máxima de 5.250 euros.
Finalmente, las empresas con una contribución superior a 1.501 euros, con coeficiente 1%, el aporte del trabajador podrá ser igual al de la empresa, y con una aportación máxima de 10,000 euros establecida por ley.
En cualquier caso, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, explican que en todos los casos los trabajadores pueden deducirse hasta 1.500 euros de su plan individual o colectivo; tal y como se recoge en los Presupuestos Generales del Estado de 2022.
