La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, (FAMMA Cocemfe Madrid) denuncia con firmeza el abandono institucional que sufren más de 222.000 personas con discapacidad en la región, a causa de la absoluta dejadez de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid frente a la crisis del Eurotaxi.
«Ni los taxis adaptados ni los VTC cumplen con su función pública. En lugar de garantizar la movilidad de las personas con discapacidad, operan sin regulación específica, sin inspecciones, sin obligaciones mínimas y sin consecuencias por el incumplimiento», aseguran desde FAMMA Cocemfe.
FAMMA denuncia el abandono de más de 222.000 personas con discapacidad
FAMMA Cocemfe denuncia el abandono sistemático de más de 222.000 personas con discapacidad ante la inacción de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid en materia de viajes en transporte privado para estas personas. En este sentido, señala que el sistema de transporte de VTC y EUROTAXI en la Comunidad de Madrid está fuera de control.
Desde la citado organización informan que en el caso de los taxis adaptados, las emisoras que gestionan los Eurotaxis «funcionan como quieren, sin que la Consejería de Transportes ejerza ninguna supervisión sobre tiempos de respuesta, disponibilidad real, operatividad o calidad del servicio. No hay registro público de flotas, ni trazabilidad de los trayectos, ni atención prioritaria para personas con movilidad reducida. El sistema es opaco, arbitrario y completamente desarticulado».
Por su parte, indican que «las plataformas VTC, como Uber, Cabify o Bolt, operan sin ninguna obligación legal de accesibilidad. Dicen tener vehículos adaptados, pero nadie sabe cuántos hay, cuántos están en circulación o si efectivamente están disponibles para personas con discapacidad».
FAMMA señala que existen vehículos adaptados pero no trabajan para personas con movilidad reducida
Pero la realidad es que la propia administración no dispone de ni un solo dato oficial al respecto. FAMMA ha comprobado que esos vehículos adaptados existen, pero no están prestando servicio a personas con movilidad reducida. Son adaptados de nombre, pero inútiles en la práctica.
En este sentido, se afirma que la falta de regulación ha convertido el sistema en un modelo fallido y profundamente injusto, donde miles de ciudadanos quedan excluidos del transporte público por el simple hecho de tener una discapacidad. La administración regional ha cedido su responsabilidad al mercado, permitiendo que la movilidad se gestione como un negocio, en lugar de como un derecho.
Finalmente, resaltan que «este descontrol no es fruto del azar, sino de una negligencia institucional sostenida. No hay planificación, no hay fiscalización, y lo más grave: no hay voluntad de actuar. Se tolera la exclusión, se permite el abandono y se blanquea una situación que vulnera los derechos fundamentales de las personas con discapacidad».
