Los padres de Antonio, un menor sevillano que cursa 4º de Primaria en el CEIP José Sebastián Bandarán (Sevilla), denuncian ante la administración pública y el Defensor del Menor la “situación discriminatoria” que está viviendo su hijo al contar con un educador en casa sólo por cuatro horas semanales, “claramente insuficiente para cubrir las necesidades educativas” y además, estar limitado a un sólo domicilio, cuando Antonio vive en régimen de custodia compartida en los domicilios de ambos progenitores.
Se detalla en la reclamación, presentada ante Ordenación Educativa de la Junta de Andalucía y firmada por ambos progenitores, que la decisión de cursar la escolarización domiciliaria para Antonio fue respaldada tanto por el equipo educativo del centro, su neurólogo y los padres de menor, tras estudiar los mayores riesgos que existen en la situación del estudiante si se contagiara de la enfermedad de la Covid19 generada por la infección del virus SARS-CoV-2. La enfermedad que sufre Antonio por déficit de TK2 le genera movilidad reducida y alto riesgo por infecciones respiratorias; por lo que se considera una mayor vulnerabilidad en la situación de la pandemia. No obstante, los padres recalcan en su denuncia que “a nivel intelectual y cognitivo Antonio está acorde a su etapa de desarrollo”. Además, añaden que “es un niño inteligente y buen estudiante”.
La familia estudia denunciar ante el juzgado el caso de su hijo
Lo que ha llevado a la indignación por parte de estos padres, que están contemplando la posibilidad de denunciar ante el juzgado de instrucción el caso de su hijo si no llega la solución es concretamente que desde Ordenación Educativa, perteneciente a la Consejería de Educación, se les ha comunicado que Antonio “recibirá educación en uno de los domicilios, generando un desequilibrio educativo del menor además de poner en peligro la conciliación familiar”.
Asimismo se puede leer en dicha reclamación que los padres, con fecha 9 de octubre, solicitaron a la administración el motivo por el que sólo se le conceden 4 horas lectivas semanales con su maestro(a) y “la respuesta fue una referencia a la instrucción de 14 de noviembre de 2013 (REf: 00630/FFR/Idc). En este caso existe un vacío legal ya que la norma sólo hace referencia a un máximo de diez horas según los recursos disponibles”.
“Nos parece muy insuficiente cuatro horas semanales. Antonio es muy buen estudiante y necesita más horas de estudio con su maestro(a). No entendemos cómo pueden existir sólo seis maestros(as) para toda la provincia de Sevilla”; arguye la madre de Antonio, Elena Álvarez Borrajo, vecina del municipio sevillano de Dos Hermanas y quien firma la carta-denuncia al Defensor andaluz del Menor.
A todo esto se añade que cuando Antonio comienza sus clases en casa el pasado día 23 de octubre se ven obligados a optar por un sólo domicilio. En concreto aquél que conviene al desplazamiento del maestro(a), siendo en este caso el paterno. Sin embargo, la situación familiar del alumno es de progenitores divorciados en régimen de custodia compartida.
«Situación de desequilibrio» en la educación del alumno
En palabras de su madre: “Esto genera evidentemente una situación de desequilibrio en la educación de mi hijo. He pedido en mi trabajo un permiso especial para poder atender a mi hijo durante las horas lectivas y se me niega la posibilidad de participar en su educación. A día de hoy además Antonio aún no ha recibido soporte académico por parte de la Administración. Además, la rutina creada hasta ahora responde a la voluntad del centro escolar, que han comprendido y apoyado siempre la situación de Antonio”.
La decisión se la dio a conocer a la familia el propio educador responsable de la atención domiciliaria del menor el pasado jueves, quien les manifestó “que ya no podrá adaptarse más a darle clases a Antonio cuando se encuentre en el domicilio del padre, si no que serán días fijos (inamovibles), y si Antonio ese día se encuentra con su madre pues no recibirá clases”.
Ese mismo día, en conversación telefónica con la coordinadora encargada del profesorado de Ordenación Educativa, María Luisa Díaz; ésta le explicó a la familia “con muy malos modos que Antonio no tiene derecho a ser atendido en dos domicilios. En este caso son los padres quienes tienen que adaptarse”. A esto la coordinadora añadió que “lo mejor que puedo hacer es renunciar a la escolarización domiciliaria y que si no estoy conforme que vaya al juzgado”.
«Discriminado por parte de la Orientación Educativa de la Junta»
Por último Álvarez, considera que no sólo su hijo está siendo “discriminado por parte de Ordenación Educativa de la Junta de Andalucía por el hecho de tener una Enfermedad Rara (Miopatía Mitocondrial con déficit de TK2, más exactamente), sino que además se le penaliza por la situación familiar de sus progenitores divorciados en régimen de custodia compartida.
La reclamación que firman los progenitores ante la administración pública solicita una solución a la “marginación” de su hijo “cognitivamente perfecto”. Por ello, esta madre ruega personalmente a través de una carta al Defensor del Menor la intervención del mismo para resolver esta situación de “discriminación y desamparo que afecta a su correcto desarrollo académico y emocional; ya que mi hijo no disfruta actualmente de la socialización en la escuela”, concluye.
