El Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez ha aprobado el anteproyecto para reformar las leyes de Dependencia y de Discapacidad, con el objetivo de revertir los recortes y garantizar más derechos para las personas con discapacidad y en situación de dependencia, así como ampliar el catálogo de servicios de estos dos colectivos.
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Agenda 2030 y Migraciones, presentó esta reforma y aseguraba que su finalidad pasaba por «un nuevo enfoque que garantice vidas dignas en todas las etapas del ciclo vital, promoviendo el derecho a la vida independiente y a la autonomía personal». Además, ha puesto el foco en que los cambios normativos que aprueba el Gobierno van a garantizar más derechos para las personas con dependencia o con discapacidad y va a ampliar el catálogo de servicios a los que pueden optar.
La nueva reforma de la Ley de Discapacidad
Desde el Gobierno de Pedro Sánchez aseguran que en materia de discapacidad, el anteproyecto de ley que ha aprobado el Consejo de Ministros se presenta como un desarrollo normativo del nuevo Artículo 49 de la Constitución Española que se reformó en las Cortes Generales con un amplio consenso político a comienzos de 2024 para garantizar más derechos y más dignidad a las personas con discapacidad. El principal era el cambio del término ‘disminuido’ por el de personas con discapacidad.
Pero el gran cambio que esperaban desde el Gobierno ha sido que se va a llevar a cabo que se «simplificarán algunos trámites administrativos para poder acelerar los procedimientos. En este sentido, se va a establecer una pasarela directa para que las personas a las que se le concede cualquier grado de dependencia sean reconocidas con una discapacidad del 33%».
Además, la reforma cambiará la Ley de Discapacidad para el reconocimiento de derechos fundamentales como, por ejemplo, la accesibilidad universal. Esto se concreta en que la ley estipulará este derecho como reivindicable ante cualquier instancia, de forma que se puede exigir la accesibilidad en edificios o en servicios que sean públicos.
Otros cambios a favor de las personas con discapacidad
Por un lado, en lo referente al ámbito privado, el anteproyecto incluye una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las administraciones competentes a ofrecer ayudas económicas para realizar obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para obligar también a la comunidad de vecinos de cada edificio a solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita. Por otra parte, el nuevo texto facilitará los requisitos para acceder a estas ayudas, rebajando del 75% al 70% el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad de vecinos para llevar a cabo la reforma que se precise.
La reforma contempla también importantes medidas referentes a la tecnología, indicando, por ejemplo, una supervisión del desarrollo de la inteligencia artificial y otras tecnologías para eliminar sesgos discriminatorios que puedan afectar a las personas con discapacidad, como puede ocurrir en procesos de selección de profesionales dirigidos automáticamente.
Por último, La tecnología también se observa como una oportunidad dentro de la norma, por lo que se designará a las personas con discapacidad como grupo social de interés preferente para el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y se fomentarán los usos positivos de las nuevas tecnologías y la generación de conocimiento en torno a la ciencia y la tecnología enfocada a personas con discapacidad.
