El Pacto de Toledo, que pretende reformar el sistema de pensiones de España, entra en su recta final. Por esta razón, el Foro de Expertos del Instituto Santalucía han vuelto a reunirse para dar su opinión sobre las cuestiones que está negociando la comisión parlamentaria.
Según informa el diario ABC, en este grupo de «sabios» están algunos de los expertos que formaron parte de la reforma de 2013 llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy. En dicho foro participan las siguientes personalidades: Rafael Doménech, responsable de análisis económico de BBVA Research, o José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea. Junto a ellos está Guillermo de la Dehesa, presidente del Foro, Ángel de la Fuente, director de Fedea y José Antonio Herce, economista.
«La creciente longevidad de la población española está presionando aún más el sistema público de pensiones, que ya viene lastrado por el déficit estructural que arrastra la Seguridad Social», dicen estos expertos, según viene recogido por el diario. En este sentido, los economistas se posicionan en contra de algunas de las medidas que ultima el Pacto de Toledo y rechazan cualquier tipo de castigo fiscal a los planes privados de pensiones.
Riesgo en la viabilidad del sistema de pensiones
Según los expertos, el actual sistema de pensiones pone en riesgo la viabilidad del mismo y su equidad intergeneracional: «Las pensiones públicas son más elevadas de lo que permiten los salarios y los tipos de cotización, lo que pone en riesgo la viabilidad y la equidad intergeneracional del mismo. Un hecho -remarcan- que se acentúa con la elevada esperanza de vida tras la jubilación». De hecho, para corregir este problema, dicen que es necesario reducir la tasa de sustitución ya que de lo contrario «habría que abordar una fuerte y creciente subida impositiva».
Además, para el este foro de expertos «es necesario generalizar y profundizar en alargar la vida laboral», porque es una medida que «contribuye significativamente a la sostenibilidad del sistema». El comité recuerda que la edad de jubilación se situará en los 67 años en 2027, momento en el que podrán retirarse los trabajadores con 65 años que tengan 38 años y 6 meses cotizados.
Garantizar la sostenibilidad del sistema
«El mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es posible siempre que se garantice la sostenibilidad del sistema pero, en la situación actual, vincularlo al Índice de Precios al Consumo agravaría la deficitaria situación de la Seguridad Social», afirma de forma contundente el comité de expertos. De hecho, solo defienden este mecanismo para «blindar» las pensiones mínimas.
El Foro aboga por la separación de fuentes para financiar el sistema, siendo a cargo de las cotizaciones las pensiones contributivas (jubilación, viudedad, maternidad, paternidad y riesgo de embarazo y costes administrativos del sistema) y a cargo de impuestos generales los complementos de mínimos y otras prestaciones no contributivas.
«Hay que potenciar la previsión social complementaria para extender los sistemas privados, tanto individuales como colectivos, de ahorro. Es el caso de los modelos basados en la adscripción por defecto en los planes de empleo, siguiendo las experiencias internacionales, como el sistema británico». Así, desaconsejan reducir las deducciones de las aportaciones a planes de pensiones individuales, como plantea el Gobierno, por considerar que es discriminatorio y perjudica especialmente a los trabajadores por cuenta propia.
Jubilación forzosa
Los expertos aseguran que es clave compatibilizar el cobro de la pensión de jubilación y de un salario, por lo que consideran contraproducente cualquier mecanismo de jubilación forzosa. Por ello, se apoyan en la adopción de políticas más flexibles que estimulen una mayor participación laboral de las personas con más edad.
Por otro lado, para el Foro de Expertos del Instituto Santalucía no se debe comparar el gasto público en pensiones como porcentaje de PIB con otros países, ya que la pirámide poblacional no es equivalente. «En términos comparativos, la población española es más joven en promedio que la de países de nuestro entorno. En Estados donde en la actualidad gastan más fondos en pensiones en proporción al PIB es porque sus tasas de dependencia son mayores, no porque sus pensiones sean más generosas que las españolas».
Para terminar, los expertos abogan por la extensión del sistema de reparto hacia las cuentas nocionales. «No se trata de transitar hacia un sistema de capitalización, apuntan, sino de mantener el actual, con complementos de mínimos financiados por impuestos, en el que se introducen cuentas individuales nocionales como instrumento para el cálculo de las pensiones».
Esta idea consiste en crear cuentas virtuales donde los ciudadanos van acumulando sus cotizaciones más una rentabilidad nocional ligada al crecimiento de la masa salarial y a las proyecciones de crecimiento económico. Por esta razón, se acumula un capital virtual que en el momento de jubilación se convertirá en una renta vitalicia.
