España tiene asignaturas pendientes con los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y es que, nuestro país, según el análisis del informe anual del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), suspende en la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Entre las áreas en las que más incumplimientos se producen se encuentra la accesibilidad universal, inclusión educativa y la protección contra la violencia, la explotación y el abuso de las personas con discapacidad, tal y como indica CERMI.
«España avanza en materia de discapacidad, pero, como un mal estudiante, se conforma con aprobar algunas asignaturas mientras deja pendientes el resto», valora Jesús Martín, delegado de Derechos Humanos y para la Convención del Cermi y responsables de la evaluación.
«Existe un tibio compromiso a la hora de que la Convención pernee las políticas públicas. El Gobierno central lo tiene más claro, pero las comunidades autónomas y ayuntamientos la ven muy lejana», explica.
Pero no todo son aspectos negativos, el informe también indica que se han producido 76 avances y 48 propuestas de mejora.
“Las denuncias (67% de los casos) siguen duplicando a la suma de avances (20%) y propuestas de mejora (13%), pero «la mirada va cambiando», afirma Martín. Uno de los avances más destacados ha sido la posibilidad de que las personas con discapacidad hayan podido votar en las elecciones.
La accesibilidad universal, una de las áreas más denunciadas
La accesibilidad universal, recogida en el artículo 9 de la Convención, es una de las áreas más denunciadas, copando hasta el 10% de las denuncias registradas por el CERMI. «Es el gran fracaso de las políticas públicas. Nuestro país sigue lleno de muros, barreras, obstáculos. Podemos decir que la inaccesibilidad es aún el paisaje habitual en España», sostiene Martín.
Esta área es donde más margen de mejora hay, aunque, cabe destacar que es donde mayor avance se ha cosechado, con un 28% del total de avances registrados.
La educación, otro problema
La educación es otro de los principales campos de batalla de las asociaciones, registrando un 10% de denuncias, al igual que la accesibilidad.
El comité de Naciones Unidas es el encargado de velar por el cumplimiento del artículo 24 de la Convención. Por ello, ha determinado que se viola el texto legal al no asegurar ni en su legislación ni en sus políticas ni prácticas educativas el derecho a la inclusión, a que todo el alumnado se matricule en centros ordinarios.
La violencia, acoso y explotación es otra de las áreas a mejorar, ya que en 2018 se registraron 22 casos de «palizas, agresiones, abusos sexuales y vejaciones», lo que supone siete veces más los casos registrados durante el año anterior (tres en 2017), tal y como informa CERMI.
En este dato cabe destacar que, cada vez con mayor asiduidad las víctimas denuncian este tipo de violencia. En cuanto a la igualdad y no discriminación, la salud o el nivel de vida adecuado y la protección social, es donde mayor número de denuncias se registran, con un 8% en cada una de ellas.
Respecto a ello, el CERMI destaca la «discriminación sistémica contras las mujeres en relación al acceso y derecho al trabajo digno. La representación de las mujeres con discapacidad en el mercado de trabajo es alarmantemente baja y existe una brecha salarial».
Para el CERMI existen dos grandes escollos. Por un lado, tal y como indica Martín, el término «disminuidos». Por otro, el espíritu asistencial del texto. «Es una actualización terminológica, sí, pero va más allá por la nueva redacción de mucho mayor alcance y ambición: más garantista y promotora de derechos», informan.
Por último, uno de los grandes aspectos positivos ha sido la creación de la «X solidaria».
Esta consiste en un mecanismo «impulsado e ideado desde la discapacidad organizada» por el que las empresas pueden dedicar el 0,7% del Impuesto de Sociedades a financiar programas sociales sin coste para ellas.
