El Gobierno de España quiere dar luz verde a una nueva normativa que va en contra de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y es que se ha conocido que el Ministerio de Trabajo y Economía Social pretende aprobar una nueva ley que va a eliminar o reducir las bonificaciones para la contratación de personas con discapacidad. Esto supone, como informan desde PREDIF, un importe en las cuotas de Seguridad Social de 225 millones de euros.
Según explican los expertos, el ejecutivo va a validar por procedimiento de urgencia el anteproyecto de ley de incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad. Con esta nueva normativa se va a eliminar la bonificación del 100% por la contratación de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo (CEE). Por ley, estas plantillas deben superar el 70% de personas con discapacidad.
En el caso de las contrataciones indefinidas o transformaciones en indefinidos de temporales, en el empleo ordinario se reducirían las cuantías de las bonificaciones y en el empleo protegido. Además, los incentivos se equiparían al ordinario y se establecerían cuantías fijas y no el 100 % de ahora, lo que afectaría a las bonificaciones de grupos de cotización por encima de los más básicos, e incluso, a los más básicos a medida que se incremente el SMI.
Debemos de tener en cuenta que en España viven actualmente más de 4,4 millones de personas con discapacidad. Así lo recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE). Del total de personas con discapacidad que pueden trabajar, solo una de cada cuatro tiene empleo. Un dato demoledor.
PREDIF se opone al anteproyecto de ley del Gobierno
La Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (PREDIF) ha realizado un comunicado sobre el anteproyecto que plantea el Gobierno. En este caso, se opone frontalmente a este anteproyecto y exige el mantenimiento de las bonificaciones vigentes que protegen y fomentan la empleabilidad de las personas con discapacidad.
Con la nueva normativa, las personas con discapacidad sufrirían una situación de discriminación. Y es que no podrán beneficiarse de medidas que promueven la igualdad de oportunidades, como es en este caso el acceso al empleo. Esta normativa provocaría pérdida de empleos o la no contratación de personas con discapacidad, entre otras nefastas consecuencias para ellas, su entorno y para todos, como sociedad.
Pero PREDIF no es el único organismo que ha rechazado esta medida. Algunas comunidades autónomas, como Castilla y León, Madrid o Galicia piden su retirada. Así lo informa la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León.
Y es que consideran que este anteproyecto invade sus competencias. Todo ello «al pretender hacer una regulación de los criterios que deben regir los incentivos que pongan en funcionamiento los distintos Servicios Públicos de Empleo autonómicos».
También se ha pronunciado al respecto el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). A través de una carta, el comité ha pedido que se opongan a estas medidas a los directores generales de Empleo de las diferentes CCAA.
Al su vez, el CERMI ha criticado con la que el Ministerio de Trabajo ha elaborado este texto legal. Y es que no ha contado con las organizaciones de la discapacidad ni con las propias comunidades autónomas.
