En el año 2018, en España se resolvieron 168.197 expedientes de solicitud de pensiones por incapacidad permanente. Los datos determinados por el Informe Estadístico del INSS ha determinado que más del 53,47% de las solicitudes presentadas fueron rechazadas, siendo aceptadas un 46,53%.
Estos datos reflejan que no todas las personas que deberían de recibir la pensión la reciben. Es más, según algunos expertos, piensan que «se deniegan muchas más», según han comentado en un artículo publicado por 65ymás.com. Estos piensan que no existe una estadística real que pueda cuantificar el número exacto de personas que se quedan fuera de estas pensiones, pero tienen claro que esta cifra es mucho más elevada.
Estas cifras, por lo tanto, no presentan ninguna credibilidad, tal y como se puede leer en el propio Informe Económico Financiero que encontramos en la web de la Seguridad Social. Este documento, recoge cifras de los últimos 15 años, donde se puede ver que se han dado de alta una media de 90.000 personas cada año en pensiones de Incapacidad Permanente. Este mismo informe refleja que cada año se cierra el ejercicio con aproximadamente 950.000 personas recibiendo esta prestación, lo que hacen que sean 949.857 personas en 2017, algo imposible.
Ante estos números, nos hacemos una idea de la cantidad francamente baja de personas que reciben este tipo de ayudas. Una situación que es «verdaderamente alarmante» si fuese real, pero en este caso la cifra tiende al engaño.
La pandemia ha empeorado aún más la situación
Según los expertos, la mayoría de las solicitudes presentadas no tienen «ni pies ni cabeza», ya que la gran mayoría de sus solicitantes ni siquiera alcanzan los límites de cotización requeridos, pero piden el dinero por necesidad, falta de ideas o por cualquier otra causa. A esta gente no les corresponde una pensión, sin embargo, no se tramita su expediente, por lo que no salen en los recuentos finales.
Por otra parte, las quejas de los abogados especializados tienen que ver con la dilación de los plazos a la hora de las resoluciones. En este sentido, ven muy complicado que las cosas mejores, aún más por la situación generada por el Covid-19 que ha afectado a todos los aspectos de la sociedad, incluidos los administrativos.
Los dos meses de parón del estado de alarma han generado un tremendo atasco en los despachos, que sumados al atasco que ya se arrastraba ha producido una situación limite en este aspecto. «Están despachando todo lo que se había presentado antes de la pandemia con denegación, prácticamente sin mirar los expedientes», asegura Lorenzo Perez, presidente del Grupo Jurídico Fidelis.
De esta manera, podemos comprobar como ahora la pandemia, actúa con graves consecuencias en la economía de ciertas personas que en otro momento, quizá su hubiesen podido optar a la ayuda, pero que en este caso se quedarán a las puertas.
