El pasado mes de noviembre, el gobierno de la Junta de Andalucía aprobó una declaración institucional a favor de las personas con discapacidad. En ella expresaba el «reconocimiento por su comportamiento ejemplar, responsabilidad y resiliencia demostradas durante toda la pandemia» de Covid-19.
Asimismo, el documento destaca la incorporación «con normalidad» de los menores y las personas adultas con discapacidad a todos los recursos educativos y centros de servicios sociales, según se expone en la referencia del Consejo de Gobierno.
Por otra parte, la Junta destaca en el texto su «compromiso de diálogo y colaboración constante con las entidades que representan al movimiento asociativo en torno a la discapacidad en Andalucía para continuar impulsando y planificando políticas transversales que redunden en beneficio de estas personas en la comunidad autónoma», más de 580.000, que representan un 6,8% de la población andaluza.
Finalmente, la declaración recoge el objetivo de «seguir trabajando por la accesibilidad universal, entendida como condición indispensable para el efectivo ejercicio de los derechos de ciudadanía y como impulso de la autonomía de las personas, favoreciendo su participación social en todos los ámbitos de la vida y su derecho a formar parte de la comunidad en igualdad de condiciones».
Texto de la declaración
Dicha declaración «viene marcada por el reconocimiento que este Gobierno de la Junta de Andalucía quiere expresar a todas las personas con discapacidad de nuestra comunidad por su comportamiento ejemplar, responsabilidad y resiliencia demostradas durante toda la pandemia».
«Las personas con discapacidad han sido un verdadero ejemplo para toda Andalucía en el cumplimiento de las medidas de seguridad y las recomendaciones sanitarias, a pesar de las dificultades que para muchas de ellas suponían. Su responsabilidad y ejemplo, admirados y seguidos por todo el pueblo andaluz, nos ha permitido dejar atrás, unidos y unidas, los momentos más difíciles», se lee en la declaración institucional.
El documento pone de relieve igualmente que «los niños y niñas con necesidades educativas especiales de toda Andalucía ya trabajan con normalidad en sus aulas, las personas adultas dependientes ya han vuelto a sus centros de día, centros ocupacionales o residencias».
Por ello, «además del reconocimiento a las profesiones sanitarias, el Gobierno andaluz reconoce también el ímprobo trabajo de todo el sector de la educación y el de los centros de servicios sociales para hacer nuestra convivencia y día a día más seguros».
La inclusión de las personas con discapacidad
Agrega que, «de la mano de estas entidades, la Junta de Andalucía continuará promoviendo la inclusión de las personas con discapacidad y su participación en igualdad de oportunidades en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural y así garantizar el ejercicio de sus derechos a más de 580.000 personas en toda Andalucía, que representan un 6,8% de nuestra población».
El Gobierno andaluz, además, «seguirá trabajando igualmente para eliminar las diferencias y las desigualdades de género que aún persisten y que en el caso de las niñas y mujeres con discapacidad se traducen en situaciones de mayor discriminación». Es, según agrega la declaración institucional, «una lucha colectiva, que pasa por mejorar la imagen social de las personas con discapacidad en general y de las niñas y mujeres con discapacidad en particular», y «por continuar haciendo accesibles todos los recursos que Andalucía pone a disposición de las víctimas de violencia de género».
Para ello, desde la Junta afirman seguir «trabajando por la accesibilidad universal que entendemos como condición indispensable para el efectivo ejercicio de los derechos de ciudadanía». Al respecto, la declaración institucional sostiene que «la accesibilidad universal nos obliga a permitir el acceso y utilización del espacio público, los servicios, los entornos, bienes y servicios; así como también poder comprender la información que nos rodea».
Apuesta por la «autonomía de las personas»
«Abogamos por impulsar la autonomía de las personas, favoreciendo su participación social en todos los ámbitos de la vida y su derecho a formar parte de la comunidad en igualdad de condiciones», añade también este documento.
Asimismo sostiene que, «para lograr mayores dosis de independencia y autonomía es igualmente importante la colaboración público-privada para mejorar la inserción laboral de las personas con discapacidad, un ámbito en el que siguen encontrando barreras que dificultan el acceso y mantenimiento de un puesto de trabajo».
«En este día, además de celebrar la diversidad de nuestra tierra, que nos enriquece, nos enorgullecemos de mantener presente la discapacidad en la agenda de este Gobierno. Y de que ello lo hagamos contando con las entidades que representan a este colectivo, para que nadie quede atrás en el futuro de dignidad y justicia social que nos aguarda», concluye la declaración institucional aprobada por el Ejecutivo andaluz.
