Cuando se trata de reconocer una incapacidad permanente, siempre se piensa en las limitaciones físicas de las personas afectadas, aunque lo cierto es que los problemas psicológicos y emocionales son igual e importantes para el bienestar de cada individuo. Este es el caso de Julieta, una trabajadora que cayó en una depresión debido a los conflictos laborales que tenía en su trabajo. De hecho, acabó siendo despedida y poniendo el caso en manos de sus representantes legales.
Esta mujer desarrollaba su actividad laboral como jefe de línea en una compañía de transportes de San Sebastián. Pero su situación dio un vuelco a partir de 2017, cuando fue diagnosticada de trastorno ansioso depresivo, tal y como informa el buffet de Campmany abogados. Dicha patología estaba directamente relacionada con su experiencia en el entorno laboral, lo que afectó significativamente a su salud mental y bienestar general. Finalmente, en 2021, su empresa tomó la decisión de despedirla alegando ineptitud sobrevenida.
Gravedad de la depresión
Con el paso del tiempo, la situación de Julieta empeoró considerablemente y pasó por varios periodos prolongados de incapacidad temporal. Ante esta desgraciada realidad, el director de su empresa alegó su despido bajo el criterio de que «había dejado de ser capaz de realizar su actividad laboral a causa de su enfermedad», y ya no podía llevar a cabo correctamente las tareas esenciales de su puesto.
No obstante, la situación de la trabajadora se agravaría todavía más cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegó su derecho a una incapacidad permanente. Tras esta negativa, ella presentó una reclamación administrativa previa, que también fue desestimada. Sin embargo, en realidad su situación de salud era muy invalidante.
Según los informes médicos recogidos por sus representantes legales, Julieta padecía una depresión agravada con apatía y anhedonia, relacionada con la imposibilidad de disfrutar de las actividades o situaciones que en el pasado sí le resultaban placenteras. A esto se sumaba una gran angustia y una reacción fóbica específica hacia el trabajo, la cual desembocó en fobia social.
Pensión de más de 1.200 euros al mes
Los informes médicos, elaborados por los psiquiatras que habían estado trabajando con Julieta, fueron de absoluta relevancia para el juicio contra el INSS, celebrado en el Juzgado de lo Social N.º 3 de Donostia-San Sebastián. Estos documentos respaldaban su incapacidad para desempeñar su profesión, caracterizada por altos niveles de estrés, concentración y organización.
Por tanto, el Tribunal dictó que esta empleada cumplía con los requisitos legales para recibir una incapacidad permanente, concretamente en grado de total. Y condenó a la Seguridad a abonarle una prestación económica del 55% de su base reguladora, lo que resultó en una pensión mensual de 1.214,43 €, como han informado desde Campmany abogados.
Además, durante la vista, el juez encargado de este caso también estimó que Julieta podía compatibilizar los ingresos de su pensión con otros derivados de «profesiones sencillas, livianas o sedentarias», algo perfectamente posible con la incapacidad permanente total que le fue concedida. Por tanto, la situación de esta trabajadora pone de manifiesto la importancia de prestar atención no sólo a las limitaciones físicas de las personas, sino también a las taras psicológicas y emocionales.
