Un centenar de familias de niños con necesidades educativas especiales, profesionales de educación y activistas han hecho pública un escrito en el que denuncian que España vulnera el derecho fundamental a la educación inclusiva y reclaman la aprobación de una Ley Básica Integral de la Educación Inclusiva.
«España aún no tiene un sistema pleno de educación inclusiva», lamentan en el documento dirigido a los poderes públicos, Gobierno central, comunidades autónomas, partidos políticos, asociaciones educativas sobre inclusión y al conjunto de la sociedad.
En concreto, explican que las evaluaciones que se efectúan a alumnos con necesidades educativas especiales «constituyen, por el enfoque, metodología y orientación, una de las causas determinantes de la exclusión y segregación de tales alumnos del sistema educativo».
España mantiene «unas prácticas administrativas discriminatorias»
A su juicio, son «una prueba incontestable de que España mantiene un sistema dual educativo y unas prácticas administrativas discriminatorias».
En este sentido, sostienen que los alumnos que no tienen ningún tipo de discapacidad «no se someten a ninguna evaluación psicopedagógica ni, por tanto, se les analizan sus capacidades y competencias».
«Por el contrario, a los alumnos con diversidad funcional se les somete a pruebas inadecuadas basadas en tests psicométricos de tal manera que se convierten las evaluaciones psicopedagógicas en instrumentos de legitimación de la atribución de incompetencias al alumno que presenta diversidad funcional, lo que determina su segregación o separación del sistema educativo», argumentan.
Asimismo, el escrito, realizado por el abogado Juan Rodríguez Zapatero, destaca que en 2018 el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad instaba a España a «eliminar la excepción de la educación segregada en la legislación educativa incluyendo la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización».
Por todo ello, reclaman una Ley Básica Integral de la Educación Inclusiva, y la supresión de los informes psicopedagógicos y los dictámenes de escolarización en su configuración y orientación actual (enfoque clínico). En su lugar han de establecerse informes de actuación educativa.
