El Grupo Parlamentario de Cs ha registrado una Proposición no de Ley (PNL) para su debate en la Comisión de Discapacidad del Parlamento de Andalucía. En ella insta a la Cámara autonómica que pida al Gobierno una modificación del Real Decreto-Ley 12/2021, sobre medidas urgentes en la fiscalidad energética y el precio de la luz.
El objetivo de esta medida es acometer «una reducción del tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicado a la factura de la luz al tipo reducido del 10% para personas con discapacidad».
Esta reivindicación la traslada también para «entidades que presten sus servicios a usuarios que acrediten el uso de tecnologías y recursos para la vida independiente». También en los casos que «resulten necesarios por razón de su discapacidad hasta que se recuperen completamente los niveles de actividad y empleo previos a la pandemia».
Cs recuerda que desde la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) han pedido al Gobierno medidas integrales que alivien la factura de la luz de las personas con discapacidad. Y es que muchas de ellas, debido a su situación, realizan un mayor uso del consumo eléctrico.
Las personas con discapacidad necesitan estos servicios
La PNL enumera los casos de personas con discapacidad que necesitan:
- Sistemas domóticos, grúas de elevación o traslado,
- Dispositivos de hemodiálisis,
- Máquinas de respiración asistida,
- Bombas de perfusión,
- Tratamientos intravenosos,
- Nebulizadores,
- Climatizadores,
- Para cargar las baterías de las sillas de ruedas.
«En muchos de estos casos este uso es constante y no solo por parte de consumidores individuales, sino también por multitud de organizaciones sin ánimo de lucro que prestan servicios esenciales para este tipo de personas y que no pueden ni siquiera desgravarse ese IVA al no estar obligados a ello fiscalmente», afirma la iniciativa de Cs.
«Esta situación se encuentra agravada con la situación económica y social que estamos sufriendo con la pandemia de coronavirus». De esta manera se está «poniendo en riesgo importante a ciudadanos con discapacidad que no podrán afrontar esta subida tarifaria».
Y es que ellos «se encuentran fuera de los supuestos recogidos en el Decreto-Ley aprobado por el Gobierno de España», ha argumentado Cs.
En la exposición de motivos de la iniciativa, Cs plantea «la liberalización del sector eléctrica». Y es que «especialmente desde finales del año 2020 hasta la fecha, el precio del mercado mayorista de la electricidad en España está marcando precios desorbitados e inasumibles para las economías de los consumidores y de las empresas españolas».
Reforma de la factura de la luz con un impacto regresivo
Cs explica que desde que el 1 de junio entró en vigor la nueva estructura de peajes y cargos. Esto ha afectado de manera sustancial a la factura eléctrica de los hogares y empresas. La factura de la luz de los consumidores domésticos con una potencia contratada de hasta 15 kW pasa a tener precios diferenciados par tramos horarios (punta/valle/Ilano).
Este es objetivo que la PNL de este partido percibe como «legítimo». Todo ello en la búsqueda de una mayor eficiencia en el uso de la infraestructura energética, aunque precisa que «un buen regulador debe también tener en cuenta el impacto y contexto en el que se toman estas medidas y que el fomento del ahorro y el autoconsumo no esté al alcance de todos los hogares por igual».
Cs advierte de que la reforma de la factura de la luz «corre el riesgo de tener un impacto profundamente regresivo», que se traduzca en «un incremento de la factura de los hogares más vulnerables sirva pare sufragar las inversiones en autoconsumo y movilidad eléctrica de los hogares que ya cuentan con mayores recursos».
Cs recuerda que el Consejo de Ministros aprobó el 24 de junio un Real Decreto-ley con medidas tributarias tales como reducir el IVA desde el 21% al 10% hasta el 31 de diciembre de 2021 a los consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kW, y aplicar un 10% de IVA a los consumidores vulnerables severos y en riesgo de exclusión social.
Advierte de los numerosos requisitos necesarios para ser catalogado como consumidor vulnerable severo. Por ello traslada que la situación se agrava con «determinados consumidores y colectivos sociales». «Como consecuencia de sus circunstancias personales, deben hacer un use importante de la electricidad», para señalar seguidamente entre éstos al colectivo de la discapacidad.
