La vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Cermi Mujeres y comisionada de Género del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Ana Peláez, tildó de “barbarie” las “prácticas nocivas” que se siguen cometiendo contra niñas y adolescentes con discapacidad, al tiempo que urgió a trabajar para “empoderarlas, de modo que el día de mañana sean mujeres libres”.
En estos términos se manifestó la también vicepresidenta del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF). Todo ello durante la jornada ‘Los derechos humanos de las niñas y niños con discapacidad–30 años de la promulgación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño’, organizada por el Cermi Estatal, con el apoyo del Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030, a través de los programas del IRPF, y celebrada en la sede de Fundación ONCE.
«Prácticas nocivas»
Ana Peláez denunció la mayor exposición de las niñas y mujeres con discapacidad a “prácticas nocivas”. Además, también se enfrentan a violencia y abusos.
La vicepresidenta criticó que se sigan practicando esterilizaciones forzosas o abortos coercitivos. “Nos habíamos acostumbrado a pensar que la esterilización era la forma de proteger a nuestras niñas”, declaró Peláez.
Además, alabó el hecho de que ya se empiece a dar visibilidad a esta cuestión de forma progresiva. “Al no existir riesgo de embarazo, lo que sucede es que las chicas se quedan más expuestas a sufrir abusos”.
En este sentido, expuso que muchas veces, cuando una niña con discapacidad sufre abusos, “no se da crédito ni valor a su testimonio”. Para acabar con estas situaciones, instó a “conocer a fondo estas realidades”. Todo ello con el fin de “visibilizarlas y concienciar” a toda la sociedad y que el Estado pueda brindar la protección adecuada.
También exigió modificar el Código Penal para ilegalizar las esterilizaciones forzosas. A la vez que busca dar la formación adecuada a los profesionales que trabajan en el ámbito de la sanidad, la justicia, la educación y la discapacidad, entre otros, para que sepan detectar y actuar ante situaciones de violencia y abusos.
Alto consenso, pero con baja intensidad
Previamente, en la mesa inaugural de la jornada, la directora general de Infancia, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Ana Sastre, hizo un llamamiento para impulsar el empoderamiento de la infancia con discapacidad.
Con respecto a los jóvenes con discapacidad, Sastre dijo que “lideren el avance hacia la igualdad de derechos”.
Además, señaló que desde la Comunidad de Madrid, uno de los “retos” que se plantean es “mejorar el sistema de protección, porque lamentablemente, la discapacidad sigue siendo un factor de riesgo”.
“Yo siempre he dicho que los niños y niñas son un tema de alto consenso, pero de baja intensidad. Pero lamentablemente, la infancia con discapacidad es un tema que genera todavía más consenso, pero que tiene todavía menos intensidad”, advirtió Sastre.
Por su parte, la vicepresidenta del Cermi Estatal y presidenta de la Confederación Aspace, Manuela Muro, incidió en la importancia de seguir trabajando en la atención temprana, a pesar de los avances conseguidos en este asunto en los últimos 30 años, porque “todavía quedan 12 comunidades autónomas donde no está contemplada la metodología centrada en la familia”. “Los niños deben ser atendidos independientemente de donde residan, incluido el entorno rural”, remarcó.
No se hace «un abordaje real de los problemas de los niños»
Por último, la doctora en Derecho María José Alonso Parreño, miembro del Comité de Apoyo del CERMI para el seguimiento de la Convención de la Discapacidad, destacó en su intervención la necesidad de garantizar el derecho a la educación inclusiva.
Además apostó por avanzar, entre otros asuntos pendientes en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.
Parreño señaló la supresión de la esterilización forzosa o en establecer unos barómetros en el reconocimiento de la discapacidad en menores.
Esta experta concluyó su intervención indicando que en ocasiones “no se llega a hacer un abordaje real de los problemas de los niños y niñas con discapacidad y de sus familias desde la administración, sino que se quedan en declaraciones de buenas intenciones”.