El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha solicitado al Gobierno que plantee una Presidencia Española de la Unión Europea social e inclusiva. Así consta en un documento que ha elaborado con propuestas sobre la agenda política y la participación de las personas con discapacidad, sus familias y sus organizaciones representativas en el semestre de presidencia española de la Unión Europea (UE), previsto para los meses de julio a diciembre del año 2023.
A este respecto y con el objetivo de que en 2023 España encabece las políticas públicas de discapacidad de la UE, construyendo una nueva Europa en términos de inclusión, el CERMI ha distinguido entre las cuestiones generales vinculadas con toda la actividad del semestre, los compromisos a adoptar con la agenda política de la discapacidad, y las alianzas con la sociedad civil.
En primer lugar, como cuestiones generales destaca la necesidad de garantizar la accesibilidad universal en todas las acciones que se emprendan a lo largo de esta presidencia, especialmente por lo que se refiere a la información difundida: páginas web, aplicaciones, documentos oficiales, y otro tipo de publicaciones.
Homologar el reconocimiento oficial de discapacidad
Asimismo, en el punto número dos dedicado a los compromisos a adoptar, este Comité propone al Gobierno, por un lado, incluir en las conclusiones de la Conferencia sobre el futuro de Europa las propuestas del CERMI de tener la posibilidad de homologar el reconocimiento oficial de discapacidad emitido dentro de la Unión Europea entre los estados Miembro de la UE, lo que daría acceso a la persona con discapacidad a todos los servicios o beneficios que tenga dentro de cada país miembro, y por otro lado, la creación de una Comisión de Discapacidad en el Parlamento Europeo en el nuevo mandato tras las elecciones de 2023, además de insistir en que se contemple la accesibilidad universal como elemento transversal de todas las políticas de la UE.
Además, el CERMI también ha afirmado en su documento de propuestas que “la presidencia española de la UE debe servir para que la Unión impulse la adopción de una directiva horizontal sobre la igualdad de trato, por la cual se amplía la protección de las personas con discapacidad contra la discriminación”.
Otras de las propuestas a destacar que ha realizado el CERMI al Gobierno son: la adopción del Ingreso Mínimo Vital en todos los países de la UE para combatir la pobreza y la exclusión social, la implantación eficiente de la Garantía Infantil Europea, el impulso de una estrategia europea contra la Soledad no deseada que considere especialmente a las personas con discapacidad mayores, el establecimiento de un acuerdo para revisar toda la normativa fiscal europea en clave de discapacidad, el impulso de la erradicación de la esterilización forzada, y la adopción del acuerdo de declarar 2024 como Año Europeo de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Reconocer «el derecho al voto de las personas con discapacidad a escala comunitaria».
De cara a las elecciones europeas de 2024 el CERMI a considerado que «la presidencia española de la UE debe servir para que la Unión impulse el reconocimiento al derecho al voto de las personas con discapacidad a escala comunitaria».
Finalmente, en el apartado correspondiente a las alianzas con la sociedad civil, el Comité ha recordado la máxima «Nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad», que según ha enfatizado, solamente se hará real si se respalda «la creación de nuevos espacios de participación creados entre las instituciones europeas y la sociedad civil».
En este sentido, el CERMI además ha propuesto la inclusión de una Comisión de Personas con Discapacidad en el Parlamento Europeo para el nuevo mandato, además de la creación de un Consejo Europeo de Discapacidad en el seno de la Comisión Europea, y un Comité de Discapacidad dentro de los órganos preparatorios del Consejo.
