La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) contra el Reglamento Taurino vigente, que permite espectáculos cómicos en los que, a juicio del CERMI, se denigra a las personas con discapacidad, especialmente de quienes tienen displasias óseas (enanismo).
El CERMI ha denunciado esta situación ante la Audiencia Nacional debido a la «pasividad y falta de respuesta» del Ministerio de Cultura y Deporte, pese a que la entidad planteó la modificación del reglamento el pasado mes de febrero.
El Comité, según ha explicado, pidió al departamento que lidera José Manuel Rodríguez Uribes, que modificara el Reglamento Taurino, advirtiendo que la celebración de este tipo de espectáculos «atenta contra los principios y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad», firmada y ratificada por España y, por tanto, parte del ordenamiento jurídico nacional.
Espectáculos con menores
Se unen así al Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya había expresado su preocupación sobre este aspecto. También la Comisión Mixta de las Cortes Generales de la Unión Europea, indica CERMI, ha aprobado una declaración institucional urgiendo a acabar con estos eventos e instando a proporcionar salidas laborales diferentes a las personas que han participado en estos espectáculos por no tener otra vía de ingresos estables.
Pese a estos mandatos, el CERMI denuncia que se siguen llevando a cabo espectáculos que denigran la imagen de las personas con displasias óseas, «la mayor parte de las veces contratados por las administraciones públicas, especialmente corporaciones locales, con motivo de ferias y fiestas».
Además, alerta de que estos actos contribuyen a mostrar a los menores que acuden a estos espectáculos que es «correcto burlarse de estas personas» por sus características físicas.
El recurso presentado por CERMI, según ha indicado el propio Comité, se inscribe en su actividad de litigación estratégica permanente en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, lo que incluye también el respeto a la dignidad de todas las personas.
