La lengua de signos española ha sido y sigue siendo clave para las personas con alguna discapacidad auditiva. Gracias a su existencia puedan acceder toda la información. Por ejemplo, a la relacionada con el nuevo coronavirus durante la crisis sanitaria de la Covid-19.
Se trata del sistema de comunicación de las personas sordas, reconocido en la Ley 27/2007. En dicha ley se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
Desde el pasado mes de marzo, términos o expresiones como ‘confinamiento’, ‘coronavirus’; ‘carga viral’, ‘desescalada’, ‘Covid-19’, ‘distancia social’, ‘EPI’, ‘estudio serológico’; ‘guantes’, ‘mascarilla’ o ‘nueva normalidad’ no han dejado de utilizarse, también sus signos.
Así, fuentes de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) explican a Europa Press que «no son signos de nueva creación en su mayoría, ya que la lengua de signos es igual a cualquier otra a nivel gramatical y lingüístico». «Ya existían al igual que en castellano. Si bien es cierto, que es ahora cuando más se están utilizando», .
‘Coronavirus’, una palabra global
En el caso concreto del signo de la palabra ‘coronavirus’ se ha tomado de la lengua de signos japonesa cuando surgió la enfermedad en China, extendiéndose después por otros países asiáticos como Corea del Sur o el propio Japón.
Las citadas fuentes indican explicado a Europa Press que cada país tiene su propia lengua de signos, de modo que el de ‘coronavirus’ es «un caso excepcional» como consecuencia de que el brote afecta de forma global. La lengua de signos no es universal.
Precisamente, la Confederación Estatal de Personas Sordas manifestó el pasado febrero su preocupación por la falta de accesibilidad que tienen a la información sobre el coronavirus, así como por una atención sanitaria que la entidad teme «que no se adapte a sus necesidades comunicativas».
La presidenta de la entidad, Concha Díaz, recordó entonces que las personas sordas tienen «el mismo derecho que cualquier otro ciudadano o ciudadana a conocer qué cosas suceden» en el país.
