Yolanda Díaz ha afirmado que el Gobierno ya trabaja para que se lleve a cabo la reforma del despido por situaciones de incapacidad derivadas de una discapacidad sobrevenida se produce porque «nuestro país tiene una deuda con las personas con discapacidad» que se debe corregir.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social ha participado en el diálogo ‘Los retos y el futuro del trabajo autónomo’, que ha sido organizado por Servimedia y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Dicho acto se ha celebrado en el 35º aniversario de Servimedia.
Y es que vuelve a estar la discapacidad en la palestra de la política, como ya ocurrió con la reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término ‘disminuidos’ por ‘personas con discapacidad’. De esta manera se busca reforzar la protección de los derechos de esta parte de la ciudadanía.
La reforma del despido por discapacidad sobrevenida
Yolanda Díaz ha informado que se va a llevar a cabo una reforma del Estatuto de los Trabajadores para evitar que la norma sea el despido cuando hay una situación de discapacidad sobrevenida en un trabajador y que se prioricen adaptaciones del puesto o el paso a otras funciones si el empleado así lo desea.
Desde el Comité Español de Personas con Discapacidad (Cermi), al igual que con la del artículo 49 de la Constitución, llevaba mucho tiempo detrás de esta reforma. Ahora, como anunció la ministra de Trabajo, «arranca» este la tramitación de esa reforma, partiendo de la fase de audiencia e información pública.
Una reforma muy importante para las personas con discapacidad
Yolanda Díaz ha sido clara, indicando que lo que para muchos es «una reforma pequeña», realmente es «delicada» y «muy importante». Y es que son más de 105.000 las personas con discapacidad que se van a poder beneficiar de este tipo de medidas, al igual que de decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).
«Digo exactamente lo mismo que he dicho con las trabajadoras del hogar cuando hicimos la norma: me decían que era un colectivo pequeño; y sí lo es, pero durante toda la democracia española hemos vulnerado sus derechos», señalaba la titular de Trabajo y Economía Social.
El objetivo de esta medida pasa por corregir esta «discriminación» que sufren las personas con discapacidad sobrevenida, para lo que hay que llevar a cabo la extinción inmediata del contrato en lugar de priorizar otras opciones como la adaptación del puesto de trabajo o estudiar un cambio de funciones en la empresa.
Para esta reforma que relaciona al empleo y las personas con discapacidad, Yolanda Díaz pide al resto del Congreso unión y que la «acompañen en esta iniciativa», porque «es fuente de derecho».
El TJUE exige cambios en la normativa de España
Este cambio fue recogido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que rechazaba lo que decía la normativa española, que establece que el empresario puede poner fin al contrato de trabajo por hallarse el trabajador en situación de incapacidad permanente para ejecutar las tareas que le incumben en virtud de dicho contrato debido a una discapacidad sobrevenida durante la relación laboral.
Todo ello sin que el empresario esté obligado, con carácter previo, a prever o mantener ajustes razonables con el fin de permitir a dicho trabajador conservar su empleo, ni a demostrar, en su caso, que esos ajustes constituirían una “carga excesiva”.
Si atendemos a la normativa europea, podemos afirmar que es ilegal rescindir el contrato de un trabajador con discapacidad permanente total cuando el empleador no haya realizado ajustes laborales para verificar si las modificaciones supondrían una carga excesiva.
