El denominado Frente por la Inclusión y la Diversidad (FDI), formado por un centenar de familias y profesionales de la educación, denuncia que en España no existe la educación inclusiva porque se permite «la discriminación y la exclusión de alumnos con diversidad funcional o discapacidad» en «un sistema educativo paralelo al ordinario segregador».
Este colectivo respalda una petición jurídico administrativa del abogado Juan Rodríguez Zapatero dirigida al Gobierno, comunidades autónomas y partidos políticos donde se denuncia la «invalidez» de las evaluaciones psicopedagógicas y los dictámenes de escolarización, que califica como «herramientas de discriminación hacia los alumnos con diversidad funcional», y responsabiliza a las administraciones de «falta de una clara voluntad para hacer efectivo el derecho fundamental a la educación inclusiva».
«Los alumnos que no tienen ningún tipo de discapacidad no se someten a ninguna evaluación psicopedagógica ni por tanto se les analizan sus capacidades y competencias. Por el contrario a los alumnos con diversidad funcional se les somete a pruebas inadecuadas basadas en tests psicométricos que se convierte en instrumentos de legitimación de la atribución de incompetencias del alumno que presenta diversidad funcional, lo que determina su segregación o separación del sistema educativo ordinario», se expone en el escrito.
Esta plataforma denuncia que «los alumnos con altas capacidades también son objeto de un tratamiento diferenciado y discriminatorio» en el sistema educativo español, algo que considera una práctica «absolutamente contraria a la normativa». «La evaluación psicopedagógica no es una evaluación clínica o psicológica. Es esencialmente una evaluación educativa», añade.
Esta denuncia «no es nueva»
Según las familias que respaldan el escrito del abogado Rodríguez Zapatero, esta denuncia «no es nueva» y «ha sido expuesta de manera reiterada al Gobierno Español por el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en una investigación hecha pública en 2018 donde instaba a «eliminar la excepción de la educación segregada en la legislación educativa incluyendo la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización».
Ante esta situación, el Frente por la Inclusión y la Diversidad reclama una Ley Básica Integral de la Educación Inclusiva y la supresión de los informes psicopedagógicos y los dictámenes de escolarización en su configuración y orientación actual.
«En su lugar han de establecerse informes de actuación educativa para todos los alumnos con carácter general que busquen el desarrollo personal, académico y social del alumno en centros educativos ordinarios usando capacidades de las personas, sin etiquetarlas y con la finalidad de incluirlas y donde la determinación las necesidades educativas del alumno resulten de la interacción del alumno con dicho entorno», propone este colectivo.
El Frente por la Inclusión y la Diversidad afirma que «sería imperdonable desaprovechar la oportunidad legislativa» que supone la reforma educativa del Gobierno, que se encuentra en trámite parlamentario, «para garantizar de una vez por todas los derechos educativos de todo el alumnado más allá de formulaciones inconcretas de buenas intenciones».
