Organizaciones asociadas a la discapacidad han solicitado promover la Asistencia Personal a personas con discapacidad. En este caso, han denunciado que este recurso profesional, que apoya la vida independiente, es «casi invisible» en España «pese a aparecer en la Ley de Dependencia». Así lo ha afirmado Plena Inclusión.
«En 2006, la Ley de Dependencia y Autonomía Personal reconocía esta figura profesionalizada que sirve de apoyo a las personas con discapacidad en la consecución de una vida más independiente. Sin embargo, ni las comunidades autónomas, ni el Gobierno Estatal han desplegado planes ni presupuestos para que pueda hacerse realidad. Por eso, desde Plena inclusión se aplaude iniciativas de ayuntamientos como Barcelona, Madrid o Getafe que financian proyectos piloto para promover esta figura y se reivindica que sigan su ejemplo otros ayuntamientos», ha asegurado.
Asimismo, ha indicado que, «con el fin de favorecer esta implicación de las administraciones locales», distintas asociaciones de Plena inclusión de cinco comunidades autónomas (Galicia, Murcia, Asturias, Valencia y Canarias) han lanzado una campaña para «convencer a ayuntamientos y diputaciones para que destinen partidas presupuestarias con las que financiar este servicio tan necesario».
«El apoyo facilitado por un asistente personal profesional mejoraría el día a día de miles de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo», ha explicado la presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica, quien ha añadido que así lo constatan también las conclusiones extraídas del proyecto piloto que asociaciones de Plena inclusión realizaron en 2021 en 15 comunidades autónomas.
Igualmente, Plena Inclusión ha destacado que la asistencia personal es un recurso profesional que provee de apoyos puntuales demandados por las personas con discapacidad. «Gracias a este servicio individualizado, las personas pueden tomar decisiones sobre su día a día para vivirlo con mayor dignidad, como el resto de la ciudadanía, desde la aspiración legítima a una vida independiente», ha agregado.
PRESTACIÓN DE DEPENDENCIA
Además, ha recordado que España firmó en 2008 la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas, y que en su texto se explicita la «urgencia» de que se implemente un servicio que ayuda a que se cumpla el derecho de autonomía personal y familiar de personas con discapacidad.
«La imagen actual de su desarrollo deja a nuestro país en muy mala posición respecto a las naciones de nuestro entorno. Según datos de 2023 del Ministerio de Derechos Sociales, sólo un 0,53% de las personas con discapacidad que reciben prestaciones por dependencia cuentan con una ayuda pública destinada a la asistencia personal», ha denunciado.
Una normativa que poco tiene que ver con la realidad.
