Plena Inclusión ha remitido una carta al Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, en la que denuncia los ataques verbales, como gritos e insultos, que sufren algunas personas con discapacidad intelectual que practican paseos terapéuticos, «un hecho incívico e intolerante».
El movimiento asociativo, que representa a 140.000 personas con discapacidad intelectual, TEA y parálisis cerebral y sus familias, ha explicado que recibe a diario quejas de personas que son increpadas e insultadas por ejercer un acto permitido.
«Las personas con discapacidad que lo necesiten pueden salir a dar paseos terapéuticos durante el estado de alarma. La norma lo permite y pese a ello, a veces, mientras están dando el paseo, tienen que sufrir que sus convecinos les insulten, increpen o incluso les tiren objetos o huevos», ha declarado Inés de Araoz, asesora jurídica de Plena Inclusión España y redactora del escrito enviado al Defensor del Pueblo.
AUMENTO DEL ESTRÉS EMOCIONAL
En la misiva al Defensor del Pueblo, Plena Inclusión pone de relieve el «daño» que estas reacciones «incívicas» producen en las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
«Estas situaciones tienen repercusiones directas en la salud, tanto física como psicológica de las personas, con o sin discapacidad, que lo tienen que soportar. En ocasiones es malestar, en otras puede ser que la persona que lo oiga no comprenda por qué le agreden y sus niveles de estrés se incrementen; a veces, los gritos pueden suponer una sobrecarga sensorial que desencadene respuestas de miedo, dolor, agravamiento de determinadas conductas, etc.», apunta la entidad.
Por otro lado, rechaza que las personas con discapacidad salgan a la calle con distintivos que les identifiquen. «Si lo miramos desde una perspectiva de derechos, lo que se está planteando es que, aunque la conducta reprochable es de quien increpa, para estas personas no haya ningún reproche y, en cambio, las víctimas se vean obligadas a renunciar a su derecho al honor y la intimidad e identificarse en público, ante desconocidos, como personas con discapacidad», ha afirmado Inés de Araoz.
La asesora de la entidad hace alusión a la Convención de la ONU sobre Derechos de las personas con Discapacidad en la que se defiende el respeto a la privacidad, y donde se añade que las personas con discapacidad tienen derecho a ser protegidas de toda injerencia arbitraria en su vida privada.
Por todo ello, Plena Inclusión solicita al Defensor del Pueblo que emita una recomendación a las autoridades competentes para que «dispongan que los servicios policiales intervengan y garanticen paseos sin incidentes, sancionando los hechos si es preciso ya que durante el estado de alarma estos deben asegurar el acceso a esa utilización justificada y excepcional de la vía pública».
