El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso va a modificar la normativa autonómica para que se haga efectiva una restricción del uso de móviles en centros educativos.
Esta medida que entrará en vigor a partir del curso que viene, afectará a más de 800.000 alumnos de más de 1.700 centros públicos y concertados como informa ElMundo.
Según informa un portavoz de la Consejería de Educación, «esta medida tiene el fin de mejorar los resultados académicos y también enfocada a luchar contra el ciberacoso y el bullying. Se aplicará en las diferentes etapas no universitarias, excepto de 0 a 3 años».
También se harán excepciones con los alumnos que los necesiten «por razones de salud o discapacidad».
Para ello, según ha podido saber EL MUNDO, el Ejecutivo autonómico incorporará una instrucción específica al respecto en el decreto que regula la convivencia en los centros docentes de la región. Hasta ahora, las direcciones de los colegios y los institutos tenían autonomía de gestión para limitar el uso del móvil como consideraran oportuno, pero no era obligatorio.
El cambio normativo impedirá de forma explícita la utilización de teléfonos y otros dispositivos electrónicos en los periodos lectivos, «salvo en aquellos casos que esté expresamente previsto en el proyecto educativo y siempre con fines didácticos». También se harán excepciones con los alumnos que los necesiten «por razones de salud o discapacidad».
Si no cumple la normativa
En el caso que el alumno incumpla la prohibición de su uso, el centro tendrá la potestad de incautar el dispositivo. Además, será los propios docentes y el centro quienes establecerán medidas sancionadoras.
Madrid será así la tercera autonomía después de Galicia y Castilla-La Mancha donde el uso de teléfonos en clase estará prohibido por decreto. Una medida que apoyan la gran mayoría de los «actores» de esta causa.
Su aplicación se sumará a la obligatoriedad de entregar a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal dispositivos de grabación de sonido o imagen cuando hayan sido empleados «para atentar contra la intimidad de las personas o su derecho a la propia imagen, pudiendo ser constitutivos de delito», ya en vigor.
